La Mesa contra la Islamofobia, integrada por una veintena de organizaciones de la Región, prepara movilizaciones para noviembre ante las dificultades que encuentran personas migrantes para acceder a una vivienda. El origen extranjero se suma al precio y a la escasez de oferta como una barrera adicional.
Encontrar una vivienda de alquiler en la Región de Murcia se ha convertido en una carrera complicada para buena parte de la población. Para algunas personas migrantes existe, además, un obstáculo que aparece antes incluso de poder cruzar la puerta del piso: su procedencia.
La Mesa contra la Islamofobia de la Región de Murcia, en la que participan una veintena de organizaciones sociales, denuncia que personas de origen extranjero son descartadas como posibles inquilinas cuando propietarios o intermediarios conocen su procedencia. Según el colectivo, en algunos casos la negativa se produce incluso antes de concertar una visita al inmueble.
La organización ha decidido llevar esta situación a la calle y prepara para noviembre varias acciones de protesta bajo el nombre de «Feria de la Vivienda». La primera está prevista para el 12 de noviembre y al menos otra de las actividades se desarrollará en la Universidad de Murcia.
La iniciativa utilizará actores para reproducir situaciones con las que, según la Mesa, se encuentran habitualmente las personas migrantes cuando buscan alojamiento. Ginés Gómez, portavoz de la organización, explica que una de las acciones consistirá irónicamente en ofrecer cajas de cartón como si fueran viviendas, una forma de representar la falta de alternativas que sufren algunas familias.
La Mesa tiene previstas inicialmente tres acciones, aunque todavía está cerrando algunos detalles de las convocatorias.
Un problema que no termina en el precio
La denuncia llega en un momento especialmente complicado para acceder a una vivienda en Murcia. El encarecimiento del alquiler y las dificultades económicas de numerosos hogares han situado esta cuestión entre los principales problemas sociales de la Región.
Los últimos datos difundidos por EAPN reflejan que el 14,5% de la población murciana sufrió retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca durante 2025, frente al 10,6% de media española. Además, el 32,5% de los habitantes de la Región se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Para la población migrante, a las dificultades económicas puede añadirse la discriminación.
No es un fenómeno exclusivamente murciano. El último informe de EAPN sobre pobreza recoge que el origen étnico o el país de procedencia figura entre los principales motivos señalados por quienes afirman haber sufrido discriminación al comprar o alquilar una vivienda. Entre las personas en situación de pobreza que manifestaron haber sido discriminadas, el 46,8% mencionó este factor.
La situación también está apareciendo en las organizaciones que trabajan directamente sobre los problemas de vivienda en la capital murciana. El Sindicato de Vivienda de Murcia relata casos de contratos irregulares, dificultades para recuperar fianzas, alquileres por habitaciones a familias completas y propietarios que impiden empadronarse a los inquilinos. Sus integrantes sostienen que estas prácticas afectan especialmente a personas extranjeras o con menos recursos y hablan abiertamente de «racismo inmobiliario».
Tres protestas durante noviembre
La Mesa contra la Islamofobia pretende que las acciones previstas para noviembre permitan hacer visible una discriminación que no siempre termina en una denuncia formal.
El formato elegido busca reproducir situaciones cotidianas de búsqueda de vivienda en lugar de limitarse a una concentración convencional. La organización quiere mostrar qué sucede cuando una persona responde a un anuncio, contacta con el propietario o una inmobiliaria y su origen termina condicionando el acceso al inmueble.
La Mesa ha explicado también que las últimas actuaciones del colectivo no siempre han contado con la unanimidad de todas las entidades que lo integran. Su pronunciamiento tras la reciente crisis migratoria de Ceuta no recibió el respaldo de dos organizaciones. Ginés Gómez rechaza, sin embargo, que exista una ruptura interna y señala que Cepaim ha reducido su participación activa por cuestiones de agenda, aunque continúa vinculada a la Mesa.
La movilización por la vivienda se produce además mientras distintas organizaciones sociales reclaman una respuesta más amplia de las administraciones. EAPN Murcia reunió esta semana a unas 400 personas procedentes de distintos municipios para exigir políticas contra la pobreza y defender el acceso a una vivienda adecuada como un derecho.
El problema del alquiler tiene así dos dimensiones que pueden terminar coincidiendo en una misma persona. Primero está la económica: encontrar una vivienda cuyo precio pueda asumir. Después puede aparecer otra pregunta que nada tiene que ver con la solvencia del futuro inquilino: de dónde viene.
Eso último es precisamente lo que los colectivos murcianos quieren hacer visible en noviembre.
