El Ejecutivo insiste en la redistribución de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas y reclama una respuesta basada en la protección de la infancia ante una de las mayores crisis migratorias vividas en la ciudad autónoma
Una semana después de la llegada masiva de miles de personas a Ceuta, el Gobierno ha intensificado los trabajos para trasladar a la Península a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma. El Ejecutivo defiende que la prioridad debe ser garantizar la protección de la infancia y aliviar la presión sobre un sistema de acogida que continúa desbordado tras una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de Europa.
Según los últimos datos facilitados por las autoridades, alrededor de 1.100 menores permanecen todavía bajo tutela en Ceuta después de la entrada masiva registrada a finales de julio. Aunque la mayoría de los adultos que cruzaron la frontera han regresado a Marruecos o han abandonado la ciudad, la situación de los menores presenta una complejidad jurídica diferente, ya que la legislación española obliga a garantizar su protección, identificación y atención antes de adoptar cualquier decisión sobre su futuro.
Ceuta continúa al límite de su capacidad
Los recursos de acogida siguen funcionando por encima de su capacidad. Instalaciones habilitadas de forma provisional continúan acogiendo a cientos de menores mientras los servicios sociales, entidades humanitarias y voluntarios trabajan para garantizar alimentación, atención sanitaria y apoyo psicológico.
Las autoridades ceutíes mantienen que la ciudad no dispone de recursos suficientes para afrontar en solitario una situación de estas dimensiones y reclaman una respuesta coordinada del conjunto del Estado. El Gobierno central ha anunciado una aportación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores y acelerar su redistribución entre distintas comunidades autónomas.
El reparto de menores centra el enfrentamiento político
La acogida de los menores se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política.
El Ejecutivo defiende que la solidaridad entre territorios constituye una obligación legal y recuerda que el sistema de protección de la infancia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Al mismo tiempo, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo al modelo de reparto planteado por el Gobierno, mientras Vox mantiene su oposición frontal a la acogida de menores procedentes de Ceuta.
Desde el Gobierno se insiste en evitar que la crisis derive en un conflicto institucional y se mantiene abierta la negociación con las comunidades para ejecutar los traslados conforme a la legislación vigente.
La Fiscalía recuerda la necesidad de respetar las garantías legales
En paralelo, distintas organizaciones especializadas en derechos de la infancia han reclamado que cualquier actuación respete escrupulosamente la normativa nacional e internacional de protección de menores.
En las últimas horas también se ha conocido que la Fiscalía no ha abierto por el momento ninguna investigación sobre posibles devoluciones de menores durante la reciente crisis, aunque diversas entidades sociales han pedido que se garantice plenamente la identificación individualizada de cada niño antes de cualquier eventual repatriación.
Una crisis con dimensión europea
La magnitud de la entrada masiva de personas en Ceuta ha trascendido el ámbito nacional y ha situado nuevamente la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea en el centro del debate comunitario.
Las instituciones europeas siguen la evolución de la situación mientras España mantiene contactos con Marruecos y con sus socios comunitarios para reforzar la cooperación migratoria y evitar que vuelvan a repetirse episodios similares.
Entretanto, en Ceuta continúa el trabajo de cientos de profesionales, voluntarios y organizaciones humanitarias que atienden diariamente a menores que llegaron solos tras una travesía marcada por el riesgo, la incertidumbre y, en demasiados casos, la pérdida de familiares durante el cruce.









