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PP y Vox cierran sin acreditar fraude la investigación de Turismo en Cartagena, pero persisten las dudas sobre el gasto público

RedacciónporRedacción
noviembre 13, 2026
en Campo de Cartagena - Mar Menor, Región de Murcia, Turismo
Tiempo de lectura: 7 mins lectura
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PP y Vox cierran sin acreditar fraude la investigación de Turismo en Cartagena, pero persisten las dudas sobre el gasto público

VOX da por cerrada la comisión de investigación de Turismo: descarta malversación, pero afea la gestión de Beatriz Sánchez del Álamo / Ayuntamiento de Cartagena.

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La comisión municipal concluye que no se ha demostrado un uso fraudulento de fondos turísticos para favorecer intereses políticos. Vox denuncia falta de planificación y control, mientras MC acusa al Gobierno de Noelia Arroyo de cerrar en falso las pesquisas y reclama esclarecer el destino del dinero.

La investigación sobre la gestión del dinero público destinado al turismo en Cartagena ha terminado sin acreditar actuaciones fraudulentas, pero con una profunda división política y numerosas preguntas sobre la planificación, el control y la eficacia del gasto municipal.

La Comisión Extraordinaria de Investigación sobre las cuentas de la Concejalía de Turismo aprobó el martes 10 de noviembre sus conclusiones con el respaldo del Partido Popular, Vox y los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

Movimiento Ciudadano (MC Cartagena) votó en contra, mientras que los representantes del PSOE y Sí Cartagena no participaron en la votación como protesta por lo que consideran un cierre anticipado de la investigación.

El documento aprobado sostiene que no se ha acreditado una utilización indebida de fondos públicos con fines personales, partidistas o electorales.

Sin embargo, la ausencia de fraude acreditado no equivale a demostrar que toda la gestión haya sido correcta. De hecho, Vox, que respaldó las conclusiones, ha señalado deficiencias en la planificación y evaluación de las inversiones realizadas desde la Concejalía de Turismo.

Una investigación nacida de las sospechas sobre el uso del dinero turístico

La comisión se constituyó en julio para examinar la gestión económica del área municipal de Turismo.

Su origen estuvo relacionado con unas declaraciones atribuidas a la entonces responsable de la Concejalía, Beatriz Sánchez del Álamo, que suscitaron dudas sobre la posible utilización de recursos de promoción turística para favorecer la imagen política de la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La investigación pretendía determinar si existían actuaciones dirigidas a utilizar dinero público con fines distintos de los previstos.

Tras varios meses de comparecencias y análisis de documentación, la mayoría de la comisión concluyó que no se habían acreditado esas conductas.

Tampoco se consideraron demostradas actuaciones de la alcaldesa o de su gabinete destinadas a desviar fondos turísticos para fines personales o electorales.

Este resultado es relevante, pero debe interpretarse correctamente.

Se trata de las conclusiones de una comisión política municipal, no de una sentencia judicial ni de una auditoría independiente que certifique la totalidad de las operaciones examinadas.

Vox descarta la malversación, pero cuestiona duramente la gestión

Uno de los elementos más llamativos del desenlace es la posición de Vox.

La formación respaldó el documento que descarta la existencia de fraude acreditado, pero su portavoz municipal, Gonzalo López Pretel, fue especialmente crítico con la gestión de Beatriz Sánchez del Álamo.

Según explicó, durante la investigación se detectaron decisiones de gasto sin una planificación previa suficientemente documentada y sin mecanismos adecuados para comprobar posteriormente sus resultados.

Vox también cuestionó la coordinación entre diferentes áreas municipales, al considerar que determinadas actuaciones podían solaparse.

Otro de los puntos señalados fue el funcionamiento del Observatorio de Turismo Sostenible.

López Pretel sostuvo que no se había justificado suficientemente la utilidad práctica de algunos de sus trabajos e indicadores.

La formación considera que las conclusiones reflejan una gestión deficiente, aunque no se haya demostrado un comportamiento delictivo.

El portavoz de Vox dejó en manos de la alcaldesa y del Partido Popular la decisión sobre la continuidad política de Sánchez del Álamo.

La contradicción aparente entre respaldar el cierre de la comisión y censurar la gestión constituye uno de los principales elementos de la controversia.

MC denuncia un cierre anticipado y reclama documentación pendiente

Movimiento Ciudadano mantiene una posición muy diferente.

Su portavoz, Jesús Giménez Gallo, ha acusado al Gobierno municipal y a Vox de impedir que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias.

MC sostiene que todavía quedaban comparecencias por realizar y documentación por examinar antes de formular conclusiones definitivas.

Entre sus reclamaciones figuran las actas y grabaciones de las intervenciones de Sánchez del Álamo, así como la posibilidad de contrastar sus declaraciones con la documentación disponible.

La formación también había solicitado la comparecencia de personas relacionadas con la gestión de Puerto de Culturas y con la contratación de planes estratégicos de Turismo.

Especial importancia concede MC a la participación del gabinete de Alcaldía en determinadas contrataciones, una cuestión sobre la que considera necesarias explicaciones adicionales.

Giménez Gallo ha puesto el foco en contratos menores y en inversiones destinadas a planes estratégicos cuya utilidad, según denuncia, no habría quedado suficientemente acreditada.

Estas afirmaciones son denuncias políticas de MC y no deben presentarse como irregularidades demostradas.

La formación ha advertido de que podría trasladar documentación a los tribunales si considera que la investigación municipal no ha permitido esclarecer los hechos.

PSOE y Sí Cartagena rechazan participar en la votación final

El cierre de la comisión tampoco contó con el respaldo de todos los grupos de la oposición.

Los representantes del PSOE y Sí Cartagena abandonaron el órgano antes de la votación, como muestra de su desacuerdo con la decisión de finalizar las investigaciones.

Su ausencia impidió que participaran en la aprobación del documento, aunque las conclusiones salieron adelante con los votos de PP, Vox y los dos concejales no adscritos.

La composición de la mayoría resulta políticamente significativa porque entre quienes respaldaron las conclusiones se encontraba la propia Beatriz Sánchez del Álamo, cuya gestión había sido objeto de examen.

No existe, por tanto, un consenso municipal sobre el alcance de las investigaciones realizadas.

Mientras los grupos favorables al documento consideran que las sospechas iniciales no han quedado demostradas, los críticos cuestionan que se hayan agotado todas las vías de comprobación.

El informe deberá trasladarse al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, donde las distintas formaciones podrán volver a pronunciarse sobre su contenido.

¿Dónde está la responsabilidad política si no se ha demostrado fraude?

La conclusión de la comisión deja abiertas dos cuestiones distintas.

La primera es si se utilizaron fondos públicos para fines personales, partidistas o electorales. Según el documento aprobado, no se ha acreditado que ocurriera.

La segunda es si el dinero destinado a la promoción turística de Cartagena se gestionó con suficiente planificación, transparencia y evaluación de resultados.

Sobre esta última cuestión, incluso Vox reconoce deficiencias.

El debate no debería limitarse a determinar si existen indicios de delito. La correcta administración de los recursos públicos exige justificar por qué se contratan determinados servicios, cuánto cuestan y qué beneficios producen para la ciudad.

En un municipio donde el turismo constituye una actividad económica relevante, resulta especialmente importante conocer si las campañas promocionales, los estudios y los convenios financiados con dinero municipal cumplen los objetivos para los que fueron contratados.

El Ayuntamiento puede contribuir a despejar las dudas mediante la publicación accesible de las conclusiones completas, los contratos examinados y las recomendaciones de mejora.

También deberá explicar cómo piensa corregir las deficiencias de planificación y evaluación señaladas durante la investigación.

Cartagena termina esta comisión sin fraude acreditado, pero no sin controversia política.

La diferencia entre ambas situaciones es fundamental.

Porque la responsabilidad de un gobierno municipal no consiste únicamente en evitar actuaciones ilegales, sino también en demostrar que cada euro público se utiliza con rigor, transparencia y resultados verificables.

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