El Tribunal Constitucional declara por unanimidad inconstitucional la norma aprobada en la Asamblea Regional para modificar los límites del espacio protegido. Ecologistas en Acción denuncia que detrás de la reforma estaba el interés de celebrar un rally automovilístico y reclama investigar posibles responsabilidades por prevaricación. La sentencia no establece que se haya cometido ningún delito.
El Tribunal Constitucional ha propinado un importante revés a la reforma ambiental impulsada por el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia. El pleno del tribunal ha declarado inconstitucional y nula la Ley 1/2026, de 2 de marzo, que modificaba los límites del Parque Regional de Sierra Espuña y permitía excluir de su perímetro protegido aproximadamente 41 hectáreas.
La decisión, conocida este jueves 19 de noviembre, ha sido adoptada por unanimidad tras estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, a quien Ecologistas en Acción había trasladado previamente sus objeciones a la norma.
La ley afectaba a la zona recreativa y monumental de La Santa, en Totana, y a la carretera RM-502, junto con su área de afectación.
El legislador autonómico justificó la modificación por la necesidad de preservar las tradiciones y actividades históricas del municipio, así como por la reducida extensión de los terrenos excluidos, equivalente al 0,3 % de la superficie del parque.
Sin embargo, el Constitucional ha concluido que esos argumentos no cumplen los requisitos establecidos por la legislación estatal para reducir los límites de un espacio natural protegido.
La sentencia abre ahora un nuevo debate sobre las responsabilidades políticas de quienes promovieron la reforma y sobre los límites legales de las decisiones autonómicas en materia de conservación ambiental.
El Constitucional recuerda que un parque protegido no puede reducirse sin justificación científica
La resolución se apoya en dos normas fundamentales: la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ambas establecen condiciones estrictas para modificar los límites de los espacios naturales protegidos.
Según el marco legal examinado por el tribunal, la exclusión de terrenos únicamente puede justificarse por cambios derivados de la evolución natural del espacio, debidamente acreditados mediante criterios científicos.
El Constitucional considera que la modificación aprobada en Murcia no responde a esas condiciones.
La necesidad de preservar actividades tradicionales o culturales, por sí sola, no constituye una justificación suficiente para retirar la protección ambiental de una superficie.
Tampoco resulta determinante que el terreno afectado represente un porcentaje reducido del conjunto del parque.
La sentencia concluye que la ley autonómica vulnera la competencia estatal para establecer la legislación básica de protección del medio ambiente, reconocida en el artículo 149.1.23 de la Constitución.
Por ese motivo, declara la nulidad íntegra de la norma.
La consecuencia es que la modificación de los límites aprobada en marzo queda sin validez jurídica y no puede utilizarse para excluir los terrenos afectados del régimen de protección del parque.
Ecologistas denuncian que la reforma pretendía facilitar un rally automovilístico
La controversia no se limita a la interpretación de las normas ambientales.
Ecologistas en Acción sostiene que la verdadera finalidad de la modificación legislativa era permitir la celebración de una prueba automovilística dentro del espacio protegido.
La organización considera que las referencias a las tradiciones religiosas y culturales de Totana se utilizaron para justificar una decisión cuyo propósito principal era diferente.
En particular, señala que la exposición de motivos de la ley no mencionaba expresamente la celebración de un rally.
También afirma que existían informes desfavorables de la Consejería de Medio Ambiente y advertencias de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional sobre los problemas legales de la iniciativa.
Estas afirmaciones corresponden a la denuncia pública de la organización ecologista.
El Tribunal Constitucional ha anulado la ley por incumplir la normativa ambiental, pero su resolución no acredita por sí misma que existiera una finalidad oculta ni determina responsabilidades penales.
La distinción resulta esencial para separar los hechos jurídicamente establecidos de las acusaciones formuladas en el debate político.
La controversia plantea, además, una cuestión de fondo: cómo compatibilizar las actividades culturales, deportivas y recreativas con la conservación de espacios naturales sometidos a una protección especial.
Las organizaciones ambientales defienden que las actividades incompatibles con el régimen de protección deben buscar ubicaciones o recorridos alternativos.
Los ecologistas piden investigar una posible prevaricación
Tras conocerse el fallo, Ecologistas en Acción ha solicitado que se investigue si la tramitación y aprobación de la ley pudo constituir un delito de prevaricación.
La asociación argumenta que los promotores de la reforma conocían las dificultades jurídicas de la modificación y que, pese a ello, decidieron impulsarla.
También recuerda las advertencias que, según su versión, habían realizado los servicios jurídicos de la Cámara autonómica.
No obstante, una declaración de inconstitucionalidad no equivale a una condena penal.
Para que existiera responsabilidad por prevaricación sería necesario acreditar los elementos exigidos por el Código Penal, incluida la conducta concreta atribuida a las personas investigadas y los requisitos propios de ese delito.
Por el momento, las fuentes consultadas recogen una petición de investigación por parte de Ecologistas en Acción, no una resolución judicial que establezca la comisión de prevaricación.
La organización considera que la sentencia debe tener consecuencias políticas y que las administraciones no deberían promover modificaciones ambientales sin una justificación técnica y científica suficiente.
El caso reabre así el debate sobre el papel de los informes jurídicos y ambientales en la elaboración de leyes autonómicas.
Sierra Espuña revive un conflicto que ya tuvo un precedente en Murcia
Ecologistas en Acción recuerda que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional anula una disposición autonómica relacionada con la reducción de la protección de espacios naturales.
La organización señala como antecedente la anulación de la disposición adicional octava de la Ley del Suelo regional, con la que, según denuncia, se pretendía excluir de la protección más de 11.000 hectáreas.
Aquel conflicto también llegó al Constitucional después de que organizaciones sociales cuestionaran la legalidad de la medida.
Para los ecologistas, ambos episodios evidencian la necesidad de reforzar las garantías jurídicas antes de aprobar modificaciones que afecten a espacios protegidos.
La organización ha pedido al Ejecutivo regional que concentre sus esfuerzos en aplicar las obligaciones ambientales pendientes.
Entre ellas menciona los planes de conservación de fauna y flora, los planes de ordenación de los recursos naturales y los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000.
La sentencia de Sierra Espuña también puede tener relevancia para futuras iniciativas legislativas, al recordar que las comunidades autónomas deben respetar los mínimos de protección establecidos por la normativa estatal.
Sin embargo, cada reforma debe analizarse conforme a su contenido y circunstancias específicas.
El Mar Menor, el próximo frente jurídico anunciado por Ecologistas en Acción
La resolución llega cuando continúa la controversia sobre la reforma de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor.
Ecologistas en Acción ha anunciado que prepara, junto con otras organizaciones, una iniciativa para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esa modificación si finalmente resulta aprobada.
Pedro Luengo, portavoz de la organización, ha advertido de que el colectivo seguirá recurriendo a las vías legales para defender los espacios naturales de la Región.
La futura reforma del Mar Menor constituye un procedimiento distinto del caso de Sierra Espuña y no puede considerarse inconstitucional por anticipado.
No obstante, el pronunciamiento del tribunal sobre los límites de la protección ambiental proporciona un nuevo elemento de referencia para el debate jurídico y político.
El Gobierno regional y los grupos parlamentarios deberán tener en cuenta que las competencias autonómicas no permiten rebajar libremente los niveles de protección fijados por la legislación básica estatal.
Para la ciudadanía, el asunto va más allá de una confrontación entre partidos y organizaciones ecologistas.
Sierra Espuña constituye uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región de Murcia y un recurso ambiental, paisajístico y turístico de gran importancia.
Su conservación exige decisiones respaldadas por criterios científicos, respeto a la legalidad y una planificación compatible con sus valores naturales.
La sentencia deja una conclusión inequívoca: la protección de un parque regional no puede modificarse únicamente porque una mayoría parlamentaria considere conveniente hacerlo.
El Constitucional ha anulado la ley. Ahora queda abierto el debate político sobre cómo se impulsó la reforma y qué medidas deben adoptarse para evitar nuevos conflictos entre las decisiones legislativas y la conservación del patrimonio natural murciano.









