Ecologistas en Acción, Greenpeace, Pacto por el Mar Menor y otras siete entidades presentan un decálogo de medidas para recuperar la laguna. Reclaman controlar la contaminación agraria, cumplir las actuaciones pendientes y evitar retrocesos en su protección legal. También proponen que las principales candidaturas confronten públicamente sus compromisos antes de las elecciones generales.
El futuro del Mar Menor entra de lleno en la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Diez organizaciones ambientales, vecinales y sociales de la Región de Murcia han presentado un documento con las medidas que consideran imprescindibles para avanzar en la recuperación de la laguna y han pedido a los partidos políticos que asuman compromisos concretos para la próxima legislatura.
El denominado Decálogo por el Mar Menor, presentado el martes 17 de noviembre, ha sido remitido a las cinco principales candidaturas electorales. Las entidades también han ofrecido organizar un debate público durante la última semana de campaña para que los representantes políticos expliquen sus propuestas.
La iniciativa pretende situar la crisis ambiental de la laguna entre los asuntos prioritarios de las elecciones generales y evitar que vuelva a quedar relegada después de la votación.
Los colectivos consideran que la recuperación del ecosistema sigue siendo insuficiente, diez años después del episodio de proliferación masiva de algas conocido como sopa verde, que puso de manifiesto la gravedad de su deterioro ecológico.
Su planteamiento combina medidas contra la contaminación, restauración ambiental, vigilancia, cumplimiento normativo y cooperación entre administraciones.
Diez organizaciones reclaman pasar de las promesas a los compromisos
El documento actualiza el decálogo que las organizaciones ya presentaron con motivo de las elecciones generales de 2023.
Las entidades consideran que sus propuestas constituyen un conjunto de mínimos necesarios para recuperar el Mar Menor y proteger su entorno.
Entre las organizaciones firmantes figuran Alianza Mar Menor (AMARME), Colectivo Banderas Negras, Ecologistas en Acción de la Región Murciana, El Mar Menor de los Niños, Fundación Sierra Minera, Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca, Greenpeace, Pacto por el Mar Menor, SEO/BirdLife y Yay@Flautas-Murcia.
Pedro Luengo, representante de Ecologistas en Acción, ha defendido que las actuaciones deben apoyarse en criterios científicos y evaluar tanto su eficacia ambiental como sus costes.
Los colectivos reclaman que las administraciones cumplan las normas vigentes y ejecuten las iniciativas necesarias para reducir las presiones que recibe la laguna.
También piden que los partidos se pronuncien públicamente sobre el documento.
La propuesta de debate electoral pretende que los ciudadanos puedan conocer qué medidas respaldan las candidaturas y qué compromisos estarían dispuestas a asumir si participan en el próximo Gobierno de España.
Por el momento, la presentación del decálogo no equivale a una aceptación de sus propuestas por parte de los partidos.
Contaminación agraria, nitratos y regadíos: el problema que sigue sin resolverse
Una de las principales reivindicaciones se refiere a la contaminación por nutrientes procedente de las actividades agrarias intensivas de la cuenca vertiente.
Las organizaciones consideran que esta presión constituye una de las causas fundamentales de la crisis de eutrofización que afecta al Mar Menor.
El exceso de nutrientes favorece determinados procesos de proliferación de algas y puede contribuir a desequilibrios que perjudican gravemente al ecosistema.
Para reducir estos impactos, los colectivos proponen reforzar la vigilancia ambiental, controlar las aportaciones de fertilizantes y actuar sobre las explotaciones que incumplan la normativa.
También reclaman eliminar los regadíos ilegales, reducir progresivamente la presión de las actividades intensivas y mejorar el control de los residuos ganaderos.
Las medidas afectan a un territorio donde la agricultura representa una actividad económica importante, por lo que su aplicación requiere criterios técnicos, seguridad jurídica y coordinación institucional.
El debate no debería reducirse a enfrentar la protección ambiental con el empleo agrícola.
La cuestión es cómo garantizar una actividad económica viable dentro de los límites que exige la recuperación de un ecosistema especialmente vulnerable.
Los colectivos insisten en que las actuaciones deben dirigirse a reducir la contaminación en su origen y no limitarse a intervenir cuando sus consecuencias ya se manifiestan en la laguna.
La reforma de la ley del Mar Menor abre otro frente político
La protección jurídica constituye otro de los aspectos centrales del decálogo.
Las organizaciones reclaman aplicar plenamente la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor y a su cuenca, y reforzar el funcionamiento de los órganos encargados de representar y defender sus derechos.
También piden evitar modificaciones normativas que, a su juicio, puedan reducir los niveles de protección existentes.
Esta exigencia está relacionada con la propuesta de reforma de la Ley regional 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, impulsada por el Partido Popular en la Asamblea Regional.
Los colectivos ambientales se han mostrado contrarios a esa modificación porque consideran que puede suponer un retroceso en determinadas garantías.
La reforma constituye una controversia política y jurídica en la que existen posiciones enfrentadas.
Por ello, es importante distinguir entre el contenido de la iniciativa parlamentaria y la valoración crítica que realizan las organizaciones.
Las entidades defienden que cualquier cambio legislativo debe respetar las obligaciones ambientales y los derechos reconocidos a la laguna.
Además, reclaman reforzar los mecanismos de vigilancia y seguimiento científico para comprobar si las medidas aprobadas están ofreciendo resultados.
Recuperar ramblas, humedales y espacios degradados
El decálogo no se limita a reclamar controles sobre la actividad agraria.
También propone avanzar en la restauración de la cuenca vertiente mediante la recuperación de cauces, ramblas, humedales y vegetación natural.
Estas actuaciones pueden contribuir a reducir la erosión, limitar la llegada de sedimentos y nutrientes y mejorar el funcionamiento ambiental del territorio.
Las organizaciones piden igualmente culminar las intervenciones pendientes sobre suelos contaminados y zonas afectadas por la actividad minera.
Entre sus preocupaciones figuran los materiales contaminantes que pueden llegar al entorno del Mar Menor a través de las ramblas y las actuaciones relacionadas con la Sierra Minera.
El documento también incorpora propuestas sobre la actividad náutica.
Los colectivos defienden una ordenación que reduzca los impactos de las embarcaciones sobre los hábitats sensibles, con medidas para controlar fondeos, velocidades y otros usos de la laguna.
La finalidad es compatibilizar las actividades económicas y recreativas con la conservación del ecosistema.
Para evaluar los resultados, reclaman un seguimiento científico continuado que permita comprobar qué intervenciones funcionan y cuáles necesitan modificaciones.
El Mar Menor necesita cooperación entre el Gobierno central y el regional
Una de las principales advertencias de las organizaciones se refiere a la falta de coordinación entre administraciones.
La recuperación del Mar Menor exige actuaciones en materias que corresponden a distintas instituciones, desde la gestión del agua y determinadas obras ambientales hasta la ordenación territorial, la actividad agraria y la vigilancia del cumplimiento normativo.
Por ello, los colectivos reclaman reforzar los instrumentos de cooperación entre el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma y las administraciones locales.
También piden que se ejecuten las actuaciones previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se mantengan mecanismos de coordinación técnica.
Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, ha reclamado que la laguna deje de utilizarse como elemento de confrontación partidista y que las administraciones colaboren en soluciones dirigidas a reducir las presiones ambientales desde su origen.
Las organizaciones recuerdan que el deterioro del ecosistema también ha provocado consecuencias sociales y económicas para los municipios de su entorno.
La actividad turística, la pesca, los usos recreativos y la imagen de la comarca están vinculados al estado ambiental de la laguna.
Por tanto, la recuperación no puede analizarse únicamente como una cuestión ecológica.
También constituye un desafío económico y territorial para una parte importante de la Región de Murcia.
El 29N, una oportunidad para exigir respuestas verificables
La propuesta de celebrar un debate público durante la última semana de campaña pretende trasladar estas cuestiones directamente a los representantes políticos.
Las organizaciones quieren conocer qué candidaturas respaldan sus medidas, cuáles plantean alternativas y qué actuaciones concretas estarían dispuestas a impulsar desde el Gobierno.
No basta con incluir referencias genéricas al Mar Menor en los programas electorales.
Para que los compromisos puedan evaluarse, sería necesario conocer los proyectos prioritarios, los recursos previstos, los plazos de ejecución y los mecanismos de seguimiento.
También resultará importante comprobar qué responsabilidades corresponden al Ejecutivo central y cuáles dependen del Gobierno autonómico.
La presentación del decálogo ofrece a los ciudadanos una oportunidad para comparar propuestas sobre un problema que lleva años condicionando la vida de la comarca.
El Mar Menor no se recuperará mediante declaraciones electorales, sino con medidas científicamente fundamentadas, recursos suficientes y administraciones capaces de trabajar conjuntamente.
A diez días de las elecciones generales, las organizaciones han puesto sus exigencias sobre la mesa.
Ahora corresponde a los partidos explicar qué están dispuestos a hacer y cómo piensan cumplirlo.









