Extrabajadoras denuncian una profunda reestructuración interna que ha supuesto la salida de cerca de una treintena de profesionales, mientras la entidad justifica las extinciones por motivos económicos y evita pronunciarse sobre las acusaciones
La gestión interna de Cáritas Diócesis de Cartagena atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años tras la denuncia pública realizada por varias extrabajadoras, que aseguran que la organización ha ejecutado una serie de despidos que afectan ya a cerca de una treintena de empleados, la mayoría personal técnico especializado en intervención social. Las afectadas advierten de que la reducción de plantilla podría comprometer la atención que reciben miles de personas en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia, mientras que la entidad sostiene que las extinciones responden a causas económicas.
La situación ha sido dada a conocer por una investigación publicada por elDiario.es Región de Murcia, en la que varias antiguas trabajadoras describen una profunda transformación del modelo de gestión implantado tras el relevo de la dirección de la organización a finales de 2025. Según estos testimonios, los despidos se han producido de forma escalonada desde el pasado otoño y afectan principalmente a profesionales de áreas como trabajo social, orientación laboral, psicología, pedagogía, educación e intervención con familias en riesgo de exclusión.
Trabajadoras: «Nos fuimos sin poder despedirnos de los usuarios»
Las extrabajadoras relatan que muchas de las comunicaciones de despido se realizaron de manera inmediata y que, tras recibir la carta correspondiente, se les retiraron los medios de trabajo y no pudieron regresar a sus puestos.
Según explican, esa situación impidió cerrar expedientes, informar a las personas atendidas o realizar el habitual traspaso de casos entre profesionales. Algunas sostienen que numerosos usuarios tenían citas programadas para ese mismo día y que nunca llegaron a ser avisados de la suspensión de sus procesos de atención.
Las denunciantes aseguran que su principal preocupación no es únicamente la pérdida de sus puestos de trabajo, sino el impacto que la reducción de personal especializado pueda tener sobre las personas que dependen de los programas sociales desarrollados por Cáritas.
Una organización clave en la atención social de la Región
La polémica adquiere una especial relevancia por el peso que Cáritas tiene dentro de la red de atención social de la Región de Murcia.
Según la memoria anual de la organización, durante 2025 atendió a 84.342 personas a través de sus 160 Cáritas parroquiales y territoriales, una cifra superior a la registrada el año anterior. Más de la mitad de los hogares acompañados tenían menores a su cargo y cerca de un tercio correspondían a familias monoparentales. Asimismo, la entidad gestionó un presupuesto de 13,59 millones de euros, de los que alrededor del 57 % procedía de financiación pública y el resto de aportaciones privadas, donaciones y legados.
Esta actividad se desarrolla además en una comunidad donde la exclusión social continúa siendo una de las principales preocupaciones. El último informe de la Fundación FOESSA estima que más de 320.000 personas, aproximadamente una de cada cinco en la Región de Murcia, se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Las causas del conflicto
Las cartas de despido entregadas a los trabajadores justifican las extinciones por causas económicas, argumentando la existencia de un resultado negativo superior a los 800.000 euros.
Sin embargo, las personas afectadas sostienen que esa situación responde a decisiones adoptadas por la nueva dirección, entre ellas la renuncia a concurrir a determinadas convocatorias públicas o la finalización de algunos programas de intervención social. También afirman que varios de los profesionales despedidos estaban adscritos a proyectos con financiación europea garantizada durante varios años, una circunstancia que consideran contradictoria con los argumentos económicos esgrimidos por la organización.
Cambio de modelo organizativo
Las extrabajadoras sitúan el origen de esta reestructuración en el nombramiento, en noviembre de 2025, de un nuevo equipo directivo encabezado por Jesús Martínez-Pujalte como director y Eva María Rabasco Hernández como secretaria general.
Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la nueva dirección estaría impulsando un modelo que otorga un mayor protagonismo al voluntariado y a las parroquias, reduciendo el peso de los equipos técnicos especializados.
Las trabajadoras consultadas cuestionan que determinadas funciones relacionadas con la intervención social, la orientación laboral o el acompañamiento psicológico puedan ser desarrolladas únicamente mediante voluntariado, al tratarse de tareas que requieren formación específica y experiencia profesional.
Cáritas no responde a las acusaciones
La investigación periodística recoge que elDiario.es solicitó la versión de Cáritas sobre las denuncias formuladas por las extrabajadoras. Según el medio, desde la organización se remitió la consulta a la sede de Cáritas en Cartagena, cuya responsable de comunicación indicó que la entidad «no tiene nada que declarar sobre ese asunto».
Por su parte, el sindicato UGT Servicios Públicos ya había expresado semanas atrás su preocupación por los despidos y advirtió de que la sustitución de personal técnico por voluntariado podría vulnerar la normativa laboral y afectar a la calidad de los servicios prestados por entidades del tercer sector.
Incertidumbre sobre el futuro de la atención social
El conflicto laboral abierto en Cáritas trasciende el ámbito interno de la organización debido al papel que desempeña en la atención a personas en situación de pobreza y exclusión.
Mientras las trabajadoras despedidas sostienen que la reducción de profesionales puede dejar sin seguimiento a numerosos usuarios y alterar programas consolidados desde hace años, la organización mantiene que las decisiones adoptadas responden a criterios económicos.
La evolución del conflicto, que ya ha derivado en la impugnación judicial de varios despidos por parte de algunos afectados, marcará el futuro de una de las principales entidades sociales de la Región de Murcia y de un modelo asistencial que atiende cada año a decenas de miles de personas vulnerables.
