El Gobierno regional reclama que la futura Política Agraria Común mantenga fondos suficientes para garantizar la viabilidad de agricultores y ganaderos. La Región advierte de que no se puede exigir al campo mayores compromisos ambientales mientras se reduce el apoyo económico y reclama igualdad de condiciones para los productos que llegan desde fuera de la Unión Europea.
El futuro del campo murciano también se está jugando estos días a más de 1.500 kilómetros de la Región. El Gobierno autonómico ha trasladado este jueves a Bruselas su rechazo a la propuesta europea que contempla una reducción superior al 20% de los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC).
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, mantuvo una reunión con el director en funciones de Planes Estratégicos de la PAC de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Mariusz Migas, para abordar el futuro de unas ayudas fundamentales para numerosas explotaciones.
La posición trasladada por Murcia es clara: Europa no puede aumentar las obligaciones ambientales y burocráticas de agricultores y ganaderos y, al mismo tiempo, reducir los recursos disponibles para afrontarlas.
La PAC que viene se negocia ahora
El debate afecta al próximo marco presupuestario europeo. La propuesta presentada por la Comisión para el periodo 2028-2034 plantea una profunda reorganización de los fondos comunitarios y una reducción de los recursos que actualmente reciben agricultura, pesca y políticas regionales.
Para España se plantearon 79.900 millones de euros destinados a fondos agrícolas, pesqueros y regionales, frente a cerca de 100.000 millones del actual periodo presupuestario. La propuesta todavía debe superar un largo proceso de negociación entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
El propio Gobierno de España ha rechazado el recorte. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció que España se opondría con firmeza a una reducción de los fondos de la PAC.
Existe, por tanto, un punto de coincidencia poco habitual entre el Ejecutivo central y el Gobierno murciano: ambos consideran insuficiente el presupuesto planteado por Bruselas.
Murcia reclama las mismas reglas para todos
La financiación no fue la única reivindicación planteada por la Región.
Buendía reclamó también la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo” para las importaciones agrícolas procedentes de terceros países. El objetivo es que los alimentos que entren en el mercado europeo tengan que cumplir exigencias ambientales, sanitarias y laborales equivalentes a las impuestas a los productores comunitarios.
Es una reivindicación recurrente de las organizaciones agrarias españolas. Los agricultores denuncian que deben producir bajo una regulación cada vez más exigente mientras compiten con productos cultivados en países donde los costes laborales, ambientales o fitosanitarios son diferentes.
Murcia ha pedido además incrementar los controles fitosanitarios en las fronteras de la Unión Europea.
Alternativas antes de prohibir productos
Otro de los asuntos abordados en Bruselas fue la progresiva retirada de determinadas herramientas fitosanitarias.
El Gobierno regional reclama que no se prohíba una sustancia utilizada por los agricultores hasta que exista una alternativa que sea eficaz, económicamente viable y esté respaldada científicamente.
Al mismo tiempo, Murcia pide acelerar la autorización europea de soluciones biológicas y nuevas tecnologías de precisión que permitan reducir el uso de productos químicos sin comprometer las cosechas.
El relevo generacional, otra preocupación
La discusión sobre la PAC no afecta únicamente a las explotaciones actuales. También condicionará quién estará dispuesto a seguir trabajando en el campo dentro de diez o veinte años.
La Región ha advertido de que reducir las ayudas puede dificultar todavía más el relevo generacional, uno de los grandes problemas de la agricultura europea.
Atraer jóvenes requiere que una explotación pueda ofrecer ingresos y estabilidad suficientes para convertirse en un proyecto profesional viable. Sin rentabilidad, la incorporación de nuevas generaciones se convierte en una tarea cada vez más complicada.
La propuesta europea está todavía lejos de ser definitiva. Quedan negociaciones y los gobiernos nacionales tendrán que acordar el presupuesto final.
Pero Murcia ha decidido entrar ya en esa batalla. Porque detrás de los porcentajes y de las negociaciones de Bruselas hay algo bastante más cercano: la rentabilidad de miles de explotaciones y la capacidad del campo murciano para seguir produciendo alimentos en los próximos años.
