Los socialistas aseguran que varios de sus cargos están recibiendo amenazas y agresiones verbales a través de las redes sociales, con especial incidencia sobre las mujeres. Carmina Fernández e Isabel Andreu figuran entre las afectadas. El grupo municipal anuncia acciones legales y una iniciativa urgente para que todos los partidos representados en el Ayuntamiento condenen cualquier forma de violencia.
La crispación política ha cruzado una línea preocupante en Cartagena. El PSOE ha denunciado públicamente que varios de sus representantes están recibiendo amenazas, insultos y agresiones verbales, fundamentalmente a través de las redes sociales, y advierte de que las mujeres están siendo especialmente atacadas.
Entre las dirigentes señaladas por los socialistas se encuentran la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, y la concejala del Ayuntamiento de Cartagena Isabel Andreu. La formación ha anunciado que denunciará las amenazas recibidas y trasladará el problema al próximo Pleno municipal.
Los socialistas sostienen que no se trata de episodios aislados y aseguran que la tensión viene aumentando desde hace meses y se ha intensificado durante las últimas semanas.
Del enfrentamiento político a la amenaza personal
La crítica política, incluso cuando es dura, forma parte de cualquier democracia. Otra cosa diferente es convertir al adversario en un enemigo y trasladar el enfrentamiento desde las instituciones hasta el terreno personal.
Ese es precisamente el escenario que denuncia el PSOE de Cartagena.
Carmina Fernández considera «absolutamente intolerables» los mensajes que están recibiendo representantes de su partido y defiende que una sociedad democrática debe garantizar que cualquier persona pueda expresar y defender sus posiciones políticas sin sufrir amenazas.
La dirigente socialista atribuye el deterioro del clima político a lo que define como una «política del odio» promovida por el PP de Cartagena y el Gobierno regional. Es una acusación política del PSOE que los socialistas vinculan al endurecimiento del discurso y a la confrontación mantenida durante los últimos meses.
La responsabilidad que Fernández atribuye al Partido Popular no está acreditada como causa de las amenazas y forma parte del enfrentamiento político entre ambas formaciones. Lo que sí ha anunciado el PSOE es su intención de llevar ante las instancias correspondientes los mensajes que considera amenazantes.
Las mujeres, especialmente señaladas
Hay además un elemento que los socialistas quieren colocar en primer plano: buena parte de los ataques denunciados se dirigen contra mujeres que ocupan responsabilidades políticas.
No es una cuestión menor. La violencia verbal contra las mujeres en política adquiere con frecuencia características diferentes a la dirigida contra sus compañeros hombres, incorporando ataques personales y expresiones relacionadas con su condición de mujer.
En el caso de Cartagena, el PSOE cita expresamente a Fernández y Andreu entre las representantes que están sufriendo esta situación.
La denuncia llega, además, en un momento en el que otras dirigentes políticas españolas han hecho públicos ataques de carácter machista recibidos en redes sociales. Esta misma semana, la dirigente socialista andaluza María Márquez anunció acciones judiciales por los insultos que viene recibiendo.
Una condena de todos los partidos
Isabel Andreu ha anunciado que el PSOE presentará una iniciativa de emergencia en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cartagena para que todas las formaciones representadas en la Corporación se posicionen contra la violencia, independientemente de quién sea la víctima o de dónde proceda.
La propuesta permitirá comprobar si, al menos en este terreno, los partidos son capaces de establecer un límite común.
Porque la cuestión de fondo va más allá del PSOE, del PP o de la batalla política diaria en Cartagena. Las redes sociales han multiplicado la capacidad de cualquier ciudadano para interpelar directamente a sus representantes, pero también han creado espacios donde el insulto y la amenaza pueden extenderse con enorme facilidad.
La política no puede acostumbrarse al odio
El enfrentamiento entre PP y PSOE en Cartagena se ha endurecido durante los últimos meses. Los socialistas responsabilizan directamente al Gobierno de Noelia Arroyo de alimentar ese clima y el PP mantiene a su vez una intensa confrontación política con la oposición.
Pero ninguna discrepancia sobre la gestión municipal justifica que un cargo público tenga que aceptar amenazas como parte de su trabajo.
Tampoco debería importar demasiado el color político de quien las recibe.
La libertad de expresión protege la crítica, la protesta, la ironía y hasta comentarios que pueden resultar profundamente desagradables. La amenaza pertenece a un terreno diferente.
El próximo Pleno tendrá ahora la oportunidad de dejar clara esa frontera. Si todos los grupos municipales comparten que la violencia no puede formar parte de la política, la iniciativa anunciada por el PSOE debería encontrar un principio sencillo sobre el que ponerse de acuerdo: se puede combatir políticamente al adversario sin convertirlo en alguien a quien haya que odiar.
Y en una democracia cada vez más acostumbrada al ruido, quizá no sea poca cosa.
