El rechazo de Junts resulta decisivo para derogar las medidas impulsadas por el Gobierno sobre alquileres, desahucios, grandes tenedores y renovación de contratos
El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, poniendo fin a un paquete de medidas que pretendía reforzar la protección de los inquilinos y actuar sobre algunos de los principales problemas del mercado del alquiler.
La votación celebrada este viernes terminó con la derogación de ambos textos. El primero obtuvo 174 votos a favor y 177 en contra, mientras que el segundo cayó con 171 votos favorables frente a 180 contrarios.
El voto de Junts fue determinante. La formación catalana rechazó los dos decretos junto a PP, Vox y UPN, aunque la composición de los bloques varió en algunas de las votaciones.
Desahucios, alquileres y grandes tenedores
El primer decreto incluía algunas de las medidas de mayor alcance.
Entre ellas figuraba la suspensión hasta finales de 2030 de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, así como nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones.
También establecía mecanismos relacionados con los grandes tenedores de vivienda, limitaciones temporales a determinadas operaciones inmobiliarias y medidas para favorecer el alquiler asequible.
En los contratos de habitaciones se pretendía impedir que la suma de las rentas cobradas por separado pudiera superar el precio correspondiente al alquiler de la vivienda completa.
Con la derogación del decreto, estas modificaciones dejan de estar vigentes.
También cae la prórroga de contratos
El segundo texto pretendía facilitar la renovación extraordinaria de determinados contratos de alquiler de vivienda habitual.
El objetivo del Ejecutivo era proporcionar mayor estabilidad a aquellos inquilinos cuyos contratos estuvieran próximos a finalizar, evitando que tuvieran que enfrentarse inmediatamente a un nuevo contrato y, potencialmente, a condiciones económicas diferentes.
Este decreto tampoco consiguió superar la votación.
La caída de ambos textos supone un revés para la política de vivienda del Gobierno y obliga al Ejecutivo a buscar nuevas fórmulas si pretende recuperar parte de las medidas rechazadas.
Junts reclama otra política de vivienda
Junts justificó su voto contrario argumentando que las medidas podían terminar reduciendo la oferta de viviendas disponibles para alquilar y provocando nuevas subidas de precios.
El Gobierno y sus socios defendieron, por el contrario, la necesidad de aumentar la intervención pública para proteger a los inquilinos en un contexto de fuertes dificultades para acceder a una vivienda.
Las posiciones reflejan un debate que va mucho más allá de la votación de este viernes: hasta dónde debe intervenir el Estado en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a una vivienda asequible.
La vivienda sigue esperando respuestas
La derrota parlamentaria llega después de varios días de movilizaciones en distintas ciudades españolas para reclamar medidas frente al precio de los alquileres y los desahucios.
El problema continúa mientras la política busca una salida.
Para quienes viven de alquiler, la discusión parlamentaria tiene consecuencias muy concretas: la duración de sus contratos, cuánto pagan cada mes y qué protección reciben cuando atraviesan una situación de vulnerabilidad.
Tras la votación del Congreso, el Gobierno tendrá que decidir ahora si negocia nuevos textos capaces de reunir una mayoría parlamentaria o busca otras vías para recuperar algunas de las medidas derogadas.
