Bolivia enfrenta un escenario de fuerte inestabilidad política y social en medio de una nueva ola de protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Las movilizaciones, que ya se extienden por cuatro semanas consecutivas, han provocado bloqueos en distintas carreteras del país, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un aumento de la presión popular para exigir la salida del mandatario.
Las manifestaciones reúnen a diversos sectores sociales, entre ellos sindicatos, organizaciones indígenas, campesinos, mineros y habitantes de El Alto. Los grupos movilizados cuestionan las políticas económicas impulsadas por el gobierno, consideradas por movimientos sociales como medidas de orientación neoliberal, además del encarecimiento del costo de vida y el deterioro de la situación económica nacional.
La crisis económica que atraviesa Bolivia es señalada como una de las más graves de las últimas cuatro décadas y se ha convertido en uno de los principales motores del descontento social.
Datos de la Administradora Boliviana de Carreteras indican que se registraron al menos 59 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos bolivianos. Las protestas afectaron principalmente a La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. En contraste, las regiones de Beni, Pando y Tarija no reportaron interrupciones en las vías.
Frente al avance de los bloqueos, el gobierno puso en marcha un operativo conjunto entre policías y militares denominado Corredor Humanitario con Banderas Blancas, con el objetivo de liberar carreteras estratégicas. Sin embargo, el despliegue de fuerzas de seguridad, acompañado por el uso de gases lacrimógenos, provocó nuevos choques con los manifestantes.
La Central Obrera Boliviana pidió a los participantes de las protestas mantener criterios humanitarios durante las movilizaciones y garantizar el libre tránsito de ambulancias, personal médico y transporte de medicamentos.
La tensión política aumentó todavía más después de los enfrentamientos registrados en La Paz y otras ciudades. Durante las acciones de represión contra los bloqueos murió un agricultor de 24 años, hecho que intensificó las críticas hacia el gobierno y fortaleció las protestas de distintos sectores populares.
La Central Obrera Boliviana (COB) declaró además que cualquier posibilidad de diálogo con el Ejecutivo dependerá de la liberación de los manifestantes arrestados y de la suspensión de procesos judiciales contra dirigentes sindicales y líderes sociales.
En medio del conflicto, el expresidente Evo Morales manifestó públicamente su respaldo a las movilizaciones y aseguró que las protestas reflejan el rechazo popular a un gobierno que, según afirmó, responde a intereses estadounidenses y no a las demandas de la población boliviana.
“¿Quién gobierna Bolivia: el pueblo o el imperio?”
El exmandatario también acusó al gobierno de impulsar políticas neoliberales y de utilizar mecanismos judiciales contra opositores y movimientos sociales. Además, rechazó las acusaciones que lo responsabilizan por la organización de los bloqueos.
Ante el agravamiento del escenario político, Morales defendió la realización de elecciones generales anticipadas en un plazo de hasta 90 días, aunque aclaró que no necesariamente pretende volver a disputar la presidencia.
Analistas y organizaciones sociales consideran que la actual coyuntura representa una de las crisis más profundas de la historia reciente de Bolivia, marcada por la combinación de dificultades económicas, confrontación política y creciente polarización social.
