El Gobierno regional, los regantes y una quincena de colegios profesionales reclaman que se aceleren las obras y se garantice el envío posterior de los caudales ya autorizados. El Ministerio fija en seis meses el plazo estimado para reparar dos tramos dañados en Guadalajara y Albacete.
La avería que mantiene interrumpido el transporte de agua por el acueducto Tajo-Segura ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo central. Esta vez, la discusión no gira directamente sobre cuánto agua debe trasvasarse, sino sobre cuánto tiempo será necesario para reparar la infraestructura y qué ocurrirá con los caudales que ya habían sido autorizados pero no pueden llegar al sureste mientras el canal permanezca cerrado.
El presidente murciano, Fernando López Miras, se reunió este lunes con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y representantes de una quincena de colegios profesionales para reclamar que se aceleren las obras.
La previsión oficial establece un plazo estimado de seis meses para completar los trabajos, lo que puede mantener afectado el funcionamiento de la infraestructura hasta la primavera de 2027.
El Gobierno regional y los regantes consideran excesivo ese calendario. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene, por su parte, que los daños detectados afectan a la seguridad estructural del canal y que el agua no puede volver a circular hasta que las reparaciones garanticen su funcionamiento con seguridad.
Dos averías obligaron a vaciar el canal
El problema comenzó el pasado 15 de septiembre.
Las inspecciones detectaron filtraciones de elevada intensidad en dos puntos del acueducto: uno en el canal del Riansares, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y otro en el canal del Talave, a la altura de Liétor (Albacete).
Según la información técnica del Ministerio, las filtraciones estaban arrastrando el terreno sobre el que se apoya la infraestructura y habían provocado pérdida de sustentación.
Las inspecciones posteriores localizaron además paños de hormigón destruidos o hundidos, oquedades en el terreno y daños en terraplenes y desmontes.
Ante esa situación se decidió vaciar el canal y suspender temporalmente el transporte de agua.
El Ministerio declaró de emergencia las reparaciones mediante un acuerdo adoptado el 5 de octubre. Las obras cuentan con un presupuesto máximo de 1,2 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de seis meses.
Los trabajos incluyen el saneamiento y demolición de las zonas afectadas, la reconstrucción de los tramos dañados, mejoras en los sistemas de drenaje y la impermeabilización del canal.
Los ingenieros cuestionan los seis meses
El plazo es precisamente uno de los principales motivos de discrepancia.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Julio Pérez, considera que desde el punto de vista técnico se trata de una reparación relativamente sencilla y ha cuestionado que sean necesarios seis meses para ejecutarla.
Representantes de una quincena de colegios profesionales han ofrecido además su colaboración técnica para analizar la situación.
El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, también considera excesivo el calendario y ha acusado al Ministerio de ralentizar los trabajos.
Se trata de una acusación de los regantes que, hasta el momento, no ha sido acreditada.
López Miras ha ido más allá y ha sugerido que detrás de la duración prevista de las obras podría existir una motivación política destinada a reducir las aportaciones del trasvase.
El Ministerio atribuye, en cambio, el cierre a razones de seguridad y sostiene que el servicio solo podrá recuperarse cuando las reparaciones permitan garantizar la estabilidad de los tramos afectados.
¿Qué pasa con el agua que ya estaba autorizada?
Este es probablemente el asunto de mayor trascendencia práctica para la Región de Murcia.
El cierre del canal impide trasladar al sureste volúmenes de agua que ya habían recibido autorización.
El SCRATS teme que una parte de esos recursos pueda perderse administrativamente si expiran los plazos antes de que la infraestructura vuelva a funcionar.
El Gobierno regional reclama por ello una prórroga excepcional que permita enviar posteriormente los caudales autorizados y no recibidos como consecuencia de la avería.
López Miras sostiene que un problema técnico ajeno a los usuarios del trasvase no debería provocar que el agua previamente aprobada deje finalmente de llegar.
Los regantes comparten esa posición y consideran imprescindible que el Ministerio aclare qué ocurrirá con los volúmenes pendientes.
La cuestión resulta especialmente importante para el regadío, pero también afecta al abastecimiento.
El Tajo-Segura contribuye al suministro de agua de aproximadamente 2,5 millones de personas y 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, además de aportar recursos para unas 120.000 hectáreas de regadío.
El impacto económico, todavía una estimación
El Gobierno regional advierte también de las posibles consecuencias económicas si los caudales pendientes finalmente no llegan.
Según sus cálculos, la pérdida de parte de esos recursos podría representar un impacto de hasta 260,8 millones de euros de valor añadido bruto y 5.610 empleos en el conjunto de la cuenca del Segura.
De esa cantidad, unos 170 millones y 3.650 puestos de trabajo corresponderían a la Región de Murcia.
Son, en cualquier caso, estimaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico sobre un posible escenario, no pérdidas económicas que ya se hayan producido.
El sector hortofrutícola observa especialmente la evolución del problema porque la disponibilidad de agua condiciona la planificación de cultivos y las producciones de los próximos meses.
El agua vuelve al enfrentamiento político
La avería ha terminado incorporándose también al enfrentamiento político que desde hace décadas rodea al Tajo-Segura.
López Miras acusa al Gobierno central de falta de transparencia y relaciona los plazos de reparación con la política de reducción progresiva de los recursos procedentes del Tajo.
Desde Castilla-La Mancha, por el contrario, se cuestiona que continúen autorizándose nuevos envíos hacia el Levante mientras la infraestructura permanece cerrada y se reclama una modificación de las reglas de explotación del trasvase.
El PSRM-PSOE ha acusado tanto a López Miras como al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de utilizar nuevamente el agua como elemento de confrontación política.
Las posiciones vuelven así a reproducir un conflicto territorial conocido.
Pero detrás de la disputa política existe esta vez una cuestión técnica concreta que tendrá que resolverse: dos tramos del acueducto están dañados, el canal permanece cerrado y todavía no existe una fecha definitiva para recuperar completamente el transporte de agua.
El Ministerio estima seis meses para ejecutar las reparaciones. Los regantes y los colegios profesionales consideran que ese plazo puede reducirse.
Determinar quién tiene razón requiere algo más que declaraciones políticas: un calendario técnico detallado de las actuaciones, información sobre la evolución de las obras y una respuesta clara sobre qué ocurrirá con los caudales que ya estaban autorizados.
Porque mientras continúa la tradicional batalla política por el Tajo-Segura, la cuestión inmediata para agricultores, empresas y usuarios es mucho más concreta: cuándo volverá a circular el agua y qué sucederá con la que debía haber llegado mientras el canal permanece cerrado.
