Vecinos del barrio de La Paz alertan de un aumento de desalojos vinculados a fondos de inversión mientras reclaman una solución habitacional para decenas de familias
La crisis de la vivienda vuelve a golpear con fuerza en Murcia. Una familia del barrio de La Paz ha denunciado públicamente que afronta un desahucio inminente pese a llevar años pagando el alquiler y todos los gastos asociados a su vivienda. El caso ha generado una importante movilización vecinal y ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda y el papel de los fondos de inversión en algunos barrios populares de la ciudad.
La historia comenzó hace apenas unos meses, cuando Daniel y Aurora, padres de tres hijos, recibieron una visita inesperada. Según relatan, un agente inmobiliario llamó a la puerta de su casa para comunicarles que eran “okupas” y que se iba a proceder al cambio de cerradura, pese a que la familia asegura disponer de contrato y encontrarse al corriente de todos los pagos.
De inquilinos durante casi dos décadas a una orden de desalojo
La familia llevaba cerca de veinte años residiendo en la misma vivienda. Durante todo ese tiempo abonó regularmente el alquiler, los suministros y los gastos de comunidad. Sin embargo, la situación cambió cuando la propiedad pasó a manos de nuevas entidades tras problemas hipotecarios del propietario original.
Según explican los afectados, la vivienda terminó siendo adquirida por un fondo de inversión que les comunicó que debían abandonarla en un plazo muy reducido. Desde entonces han intentado negociar distintas alternativas, incluyendo más tiempo para encontrar una nueva vivienda o incluso la compra del inmueble mediante financiación bancaria. Ninguna de las propuestas prosperó.
“No somos morosos, no hemos dejado de pagar y aun así nos encontramos con una orden de desalojo”, denuncian los afectados.
El barrio de La Paz denuncia un problema creciente
El caso no sería aislado. La Asociación de Vecinos del barrio de La Paz asegura que existen decenas de situaciones similares en la zona.
Los representantes vecinales denuncian que algunos fondos de inversión están adquiriendo viviendas a bajo precio para posteriormente destinarlas a fórmulas más rentables, como alquileres por habitaciones o alojamientos turísticos, desplazando a familias que llevaban años residiendo en esos inmuebles.
Según las estimaciones vecinales, podrían existir alrededor de medio centenar de viviendas afectadas por procesos similares, una cifra que preocupa especialmente en un contexto de fuerte incremento de los precios del alquiler.
El acceso a la vivienda, cada vez más difícil
La situación de esta familia refleja una realidad cada vez más extendida en numerosas ciudades españolas: encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una tarea prácticamente imposible para muchas familias trabajadoras.
Los afectados explican que han buscado alternativas a través de agencias inmobiliarias, portales de internet y contactos personales, pero los precios actuales y la escasa oferta disponible dificultan enormemente cualquier solución.
A ello se suma una circunstancia especialmente delicada: la familia tiene tres hijos menores a su cargo, uno de ellos con discapacidad, lo que limita todavía más las opciones disponibles y hace especialmente complejo afrontar un traslado urgente.
Colectivos sociales exigen medidas urgentes
Diversos colectivos vecinales y organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la familia y reclaman la intervención de las administraciones públicas.
Las asociaciones denuncian que cada vez son más frecuentes los desahucios de familias que no han incumplido sus obligaciones económicas, una situación que consideran incompatible con el derecho constitucional a una vivienda digna.
Los vecinos piden mecanismos que permitan frenar los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional real y reclaman una mayor implicación de las administraciones para evitar que familias vulnerables queden en situación de exclusión residencial.
La vivienda vuelve al centro del debate político
El caso llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.
El aumento del precio de los alquileres, la escasez de vivienda asequible y la entrada de grandes fondos de inversión en determinados mercados inmobiliarios están generando una creciente conflictividad social, especialmente en barrios populares donde muchas familias ven peligrar su permanencia en las viviendas que han ocupado durante años.
Mientras tanto, la familia afectada continúa buscando una solución que evite el desalojo. Su caso se ha convertido en símbolo de una problemática que, según denuncian vecinos y organizaciones sociales, afecta ya a numerosos hogares de Murcia y de otras ciudades españolas.
