Los socialistas solicitarán al juzgado que amplíe las diligencias y practique reconocimientos forenses a los pacientes. La petición llega después de que el juez haya ordenado comprobar si a un afectado se le implantó material caducado y, en ese caso, determinar si sufrió daños.
La investigación judicial sobre la denominada trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud entra en una nueva fase en la que la situación de los pacientes vuelve a ocupar el primer plano. El PSRM-PSOE ha anunciado que solicitará al juzgado que amplíe las pesquisas a las intervenciones realizadas en la Región de Murcia y que se practiquen reconocimientos forenses para determinar si existen personas que hayan sufrido secuelas relacionadas con el uso de material sanitario caducado o irregular.
La iniciativa se produce después de conocerse un auto judicial, fechado el 20 de octubre, en el que el magistrado instructor ordena investigar el caso concreto de un paciente personado en el procedimiento. El juzgado ha solicitado al Servicio Murciano de Salud y a un centro privado su documentación clínica desde septiembre de 2022 para comprobar qué dispositivos le fueron implantados.
El juez ha encargado además a la Policía Judicial que averigüe si alguno de esos implantes estaba caducado. Si la investigación confirma ese extremo, el paciente deberá someterse a un reconocimiento forense para establecer si sufrió alguna secuela o si se produjo un agravamiento de patologías que ya padecía.
La resolución judicial afecta por el momento exclusivamente a este paciente y no supone que el juzgado haya ordenado una revisión general de todas las personas intervenidas. Precisamente ahí pretende incidir ahora el PSOE.
De investigar el fraude a determinar si hubo daños
La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha anunciado que su formación, personada en la causa como acusación popular, solicitará ampliar las comprobaciones.
«Es fundamental revisar los historiales clínicos y evaluar a los propios pacientes, tanto para garantizar su seguridad como para ofrecerles tranquilidad», ha defendido Gadea, que considera necesario conocer si el material investigado pudo tener consecuencias para la salud.
El paso resulta relevante porque introduce con mayor fuerza una cuestión que acompaña al procedimiento desde sus comienzos: no solo determinar cómo funcionó el presunto fraude y quiénes pudieron participar en él, sino conocer qué ocurrió con las personas a las que se implantaron los dispositivos.
La investigación policial ya había constatado meses atrás, tras examinar una muestra de expedientes, al menos un caso en el que se habría implantado una prótesis cardiovascular caducada. La UDEF llegó a recomendar una auditoría forense para determinar el alcance real de la utilización de estos productos.
La causa investiga un presunto fraude de entre cinco y siete millones de euros que habría funcionado entre 2018 y 2025 alrededor de la adquisición de material cardiovascular para el Hospital Virgen de la Arrixaca. Entre las prácticas investigadas figuran la utilización y facturación de productos no homologados, sustituciones de referencias y posibles sobrecostes.
Los pacientes, en el centro de la investigación
Desde que estalló el caso, una de las principales preocupaciones ha sido determinar cuántos pacientes pudieron verse afectados.
El Servicio Murciano de Salud sostiene que realizó una segunda revisión de 375 pacientes y que ninguno presentó complicaciones clínicas atribuibles a implantes fuera de fecha, según la información trasladada en septiembre por la Consejería de Salud.
El PSOE considera insuficientes esas comprobaciones y reclama ahora que sea la investigación judicial la que permita profundizar en los historiales y, cuando corresponda, en la situación médica de los pacientes.
Gadea ha acusado al Ejecutivo de Fernando López Miras de no haber impulsado una revisión suficientemente amplia y sostiene que todavía existen familias que desconocen si durante una intervención se utilizó material caducado o no homologado. Se trata de una acusación política del PSRM que el Gobierno regional ha rechazado en distintas fases del caso, defendiendo las revisiones efectuadas por el SMS.
Una causa todavía abierta
El procedimiento judicial continúa en fase de investigación y no existe todavía una resolución que determine responsabilidades penales.
La causa incluye presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación, contra la salud pública y organización criminal, y el PSOE figura en ella como acusación popular después de depositar la fianza de 5.000 euros fijada judicialmente.
El nuevo auto tampoco acredita por sí mismo que el paciente al que se refiere recibiera un dispositivo caducado ni que haya sufrido daños. Ordena precisamente realizar las comprobaciones necesarias para determinarlo.
Ese matiz resulta fundamental. Pero también lo es el precedente que abre: un paciente personado en la causa podrá conocer judicialmente si los implantes que recibió formaban parte del material investigado y, en caso afirmativo, si tuvieron consecuencias sobre su salud.
El PSOE quiere ahora extender esa vía de comprobación a más intervenciones. Si el juzgado acepta su petición, la trama de las prótesis podría entrar en una etapa diferente: del análisis del presunto fraude económico y administrativo a la investigación individual de sus posibles consecuencias sobre los pacientes.
