La Guardia Civil investiga a cuatro personas por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. El fuego obligó a desalojar a un centenar de vecinos y causó importantes daños en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy.
El incendio que el pasado mes de junio arrasó unas 150 hectáreas del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en Murcia, pudo haberse evitado. La investigación de la Guardia Civil apunta al mal estado de una línea eléctrica privada de baja tensión que, además de presentar graves deficiencias de mantenimiento, carecía de autorización.
Como resultado de las pesquisas, cuatro personas han sido investigadas como presuntas responsables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Los agentes consideran que las condiciones de la instalación suponían un riesgo previsible para el entorno forestal.
Las conclusiones de la investigación, conocidas este domingo 11 de octubre, permiten esclarecer las circunstancias de uno de los incendios más importantes registrados este año en la Región de Murcia.
Una instalación eléctrica sin autorización
El incendio comenzó el 2 de junio en las inmediaciones de las pedanías murcianas de Los Garres y Lages.
Para determinar su origen, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) trabajaron junto a agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), desplazados desde Madrid, y de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales de la Región de Murcia.
Tras inspeccionar el terreno y analizar los indicios recogidos, los investigadores situaron el origen del fuego en una línea eléctrica particular que suministraba energía a varias viviendas.
Según la Guardia Civil, la instalación no disponía de la autorización correspondiente y presentaba una evidente falta de mantenimiento.
Los investigadores consideran que esas deficiencias generaban un peligro que podía haberse previsto y que no fue corregido por quienes gestionaban la instalación.
Un centenar de vecinos tuvieron que abandonar sus casas
Las llamas avanzaron rápidamente por una zona en la que el monte se encuentra próximo a áreas habitadas.
La situación obligó a desalojar unas 50 viviendas de Los Garres y Lages, por lo que alrededor de un centenar de vecinos tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares.
La gravedad del incendio hizo necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabajó junto a los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia y Protección Civil.
Los equipos de extinción consiguieron controlar el avance de las llamas después de varias jornadas de trabajo. El incendio quedó oficialmente extinguido el 6 de junio.
Graves daños en un espacio natural protegido
El fuego afectó a aproximadamente 150 hectáreas de terreno forestal, principalmente pinares de pino carrasco y zonas de matorral mediterráneo.
Entre las especies vegetales presentes en el área dañada se encuentran el esparto, la aliaga y el lentisco.
El Parque Regional de El Valle y Carrascoy forma parte de la Red Natura 2000, una red europea destinada a proteger espacios de especial valor ecológico.
La zona constituye también un hábitat importante para aves rapaces como el búho real, el águila perdicera y el águila real.
Los daños alcanzaron igualmente la Cañada Real de Torreagüera, una vía pecuaria que desempeña una función ambiental como corredor ecológico.
En el entorno afectado se encuentra, además, una fortaleza tardorromana del siglo IV protegida como Bien de Interés Cultural.
La investigación reabre el debate sobre la prevención
Las conclusiones de la Guardia Civil vuelven a poner sobre la mesa la importancia de vigilar las instalaciones eléctricas situadas en zonas forestales.
El mantenimiento de estas infraestructuras resulta especialmente relevante en espacios donde una avería puede provocar un incendio de grandes dimensiones.
En este caso, los investigadores sostienen que la ausencia de autorización y las deficiencias de conservación de la línea eléctrica generaban un riesgo que podía haberse evitado.
El esclarecimiento de las causas también plantea la necesidad de reforzar la prevención en las zonas de contacto entre viviendas y espacios naturales, donde un incendio puede poner en peligro tanto el patrimonio ambiental como la seguridad de los vecinos.
Las actuaciones de la Guardia Civil han permitido identificar a cuatro personas presuntamente responsables de la gestión de la instalación.
No obstante, la investigación policial no supone una declaración de culpabilidad. Corresponderá a la autoridad judicial determinar si existió responsabilidad penal por el incendio.
Mientras tanto, las 150 hectáreas afectadas recuerdan las consecuencias que puede tener una instalación eléctrica en malas condiciones en un entorno natural especialmente vulnerable.
