Los socialistas alertan de opacidad en la contratación y amenazan con acudir a la justicia si no se facilita la documentación.
La gestión de la contratación pública vuelve a situarse en el centro del debate político en Murcia. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado un encargo directo de 130.000 euros sin procedimiento de licitación, al tiempo que alerta de un “apagón informativo” en el Ayuntamiento que, a su juicio, dificulta la fiscalización de los contratos públicos.
El portavoz del PSOE en el consistorio, Ginés Ruiz, ha anunciado que llevará al Pleno una moción para exigir la convocatoria inmediata de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, un órgano clave para garantizar la transparencia que, según denuncian, apenas ha sido convocado en los últimos años.
Un contrato bajo sospecha
El foco de la polémica está en un encargo valorado en 130.000 euros para trabajos de jardinería y revegetación urbana, que, según los socialistas, se habría realizado “a dedo, con una llamada de teléfono y sin ningún tipo de licitación pública”.
El contrato, relacionado con actuaciones en zonas como Ronda Norte o Primo de Rivera, ya contaba inicialmente con financiación vinculada a fondos europeos. Sin embargo, el PSOE sostiene que el equipo de Gobierno decidió modificar el proyecto y encargar nuevos trabajos sin seguir los procedimientos establecidos.
Además, la intervención municipal habría detectado irregularidades en la tramitación, lo que obligó posteriormente a convalidar el gasto mediante un crédito extraordinario, una práctica que, según la oposición, evidencia fallos en la gestión.
La falta de control, en el centro de la crítica
Más allá del caso concreto, el PSOE sitúa el problema en una cuestión estructural: la falta de mecanismos efectivos de control. La Comisión de Vigilancia de la Contratación, creada precisamente para supervisar este tipo de expedientes, solo se habría reunido una vez desde 2024, lo que limita la capacidad de la oposición para fiscalizar la actividad municipal.
Para los socialistas, esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica que afecta a servicios esenciales como la limpieza, el transporte público o la ayuda a domicilio, ámbitos donde también denuncian retrasos, prórrogas o falta de transparencia en los contratos.
Impacto en los servicios públicos
Ginés Ruiz ha insistido en que la contratación pública no es una cuestión técnica ajena a la ciudadanía, sino un elemento central en el funcionamiento de los servicios municipales. “No hablamos de trámites, hablamos de si funciona el transporte, de si se limpian los edificios o de si las personas mayores reciben atención”, ha subrayado.
Este enfoque pone el acento en las consecuencias directas que pueden tener este tipo de decisiones sobre la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la gestión de los recursos públicos.
El cruce político con el PP
Desde el equipo de Gobierno del Partido Popular han rechazado las acusaciones, asegurando que el expediente fue aprobado en pleno con toda la información técnica y jurídica, y recordando que el propio PSOE votó a favor de su convalidación.
Los socialistas, por su parte, defienden que ese apoyo respondía a la necesidad de evitar que el Ayuntamiento dejara de pagar a la empresa proveedora, y no a una validación del procedimiento seguido.
Una polémica con recorrido
El PSOE ha advertido de que, si no se facilita toda la documentación y no se reactiva la comisión de vigilancia, llevará el caso ante los tribunales, lo que podría abrir un nuevo frente judicial en torno a la gestión municipal.
En plena precampaña y con el foco puesto en la gestión de las administraciones públicas, este tipo de polémicas adquieren un peso político significativo, especialmente cuando afectan a cuestiones como la transparencia, el uso de fondos públicos y el control institucional.
Transparencia en el centro del debate
El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política municipal: la necesidad de garantizar procesos de contratación claros, abiertos y fiscalizables.
En un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones depende en gran medida de la transparencia y la rendición de cuentas, las dudas sobre la gestión de los contratos públicos se convierten en un elemento clave del debate político.
