Frente al desahucio, expropiación. Frente al odio, valentía. Frente al fascismo, socialización.
Hay momentos en los que la política debe dejar de administrar resignaciones y recuperar su capacidad para transformar la realidad. Este es uno de ellos.
La vivienda es uno de los grandes problemas sociales de España. Miles de jóvenes trabajan y no pueden emanciparse. Familias enteras destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler. Tener empleo ya no garantiza poder construir un hogar.
Mientras tanto, grandes fondos de inversión y grandes tenedores han convertido la vivienda en un activo financiero. Ante esa realidad hay que elegir: ampliar el parque público, movilizar la vivienda permanentemente vacía y utilizar, con todas las garantías constitucionales, la expropiación por causa de interés social cuando proceda frente a grandes concentraciones de vivienda.
Una vivienda es, antes que un activo financiero, el lugar donde una persona construye su vida.
Frente al odio, valentía. Valentía democrática frente al racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo y frente a quienes sustituyen las ideas por el insulto, el señalamiento o la mentira. La democracia no se defiende escondiéndose. Se defiende ejerciéndola.
Y hay otra batalla: defender el Estado social. La educación pública, la sanidad pública, las pensiones y la dependencia no son gastos prescindibles. Son derechos y conquistas sociales.
Redistribuir significa que quien más tiene contribuya más; que los servicios públicos sean fuertes; que el dinero o el patrimonio familiar no determinen nuestra educación, nuestra salud ni nuestro futuro. Y significa recuperar sin complejos una palabra que algunos han querido convertir en prohibida: socializar.
Socializar derechos, oportunidades, conocimiento y bienestar. Poner límites democráticos al poder económico cuando entra en conflicto con derechos esenciales. Por eso defendemos políticas de izquierda: fiscalidad progresiva, vivienda asequible, salarios dignos, educación y sanidad públicas, protección social y redistribución de la riqueza.
Gobernar es elegir. Y también preguntar.
PP y Vox reivindican con frecuencia que se dé la voz a los ciudadanos. Pues hagámoslo. Preguntémosles por aquello que condiciona la vida de millones de personas: la vivienda.
Preguntemos a nuestros jóvenes que trabajan y no pueden marcharse de casa. A las familias que dedican una parte enorme del sueldo al alquiler. Y debatamos también sobre el peso creciente de los intereses financieros e inmobiliarios en un bien que la Constitución vincula a una función social.
También existen conexiones públicas entre grandes estructuras financieras y personas vinculadas a la política. La CNMV documentó que José María Aznar Botella fue consejero de Haya Real Estate y Gesnova, sociedades relacionadas con el grupo Cerberus. El dato interesa no por el apellido, sino porque ayuda a entender la dimensión económica del mercado inmobiliario.
El problema no son los apellidos. El problema es el modelo.
¿Queremos que la vivienda sea fundamentalmente un derecho o que su lógica quede determinada por su condición de activo financiero? Que responda la ciudadanía.
Existe un precedente. En Berlín, la iniciativa Deutsche Wohnen & Co enteignen llevó a las urnas la propuesta de socializar los parques de vivienda de grandes compañías privadas. El 26 de septiembre de 2021, el 57,6 % de los participantes votó a favor. La propuesta afectaba a empresas privadas con más de 3.000 viviendas y contemplaba compensación.
Hagamos también ese debate en España. Defendemos una gran recogida de firmas para reclamar una consulta sobre la expropiación o socialización de viviendas pertenecientes a grandes fondos de inversión y grandes tenedores, con las garantías constitucionales y las indemnizaciones que legalmente correspondan, para incorporarlas al parque público.
No hablamos de la vivienda familiar ni del pequeño propietario. Hablamos de grandes concentraciones inmobiliarias y de decidir democráticamente dónde termina el legítimo beneficio económico y dónde comienza la obligación del Estado de proteger el interés general.
Hay, además, una cuestión jurídica que no debe ocultarse. El artículo 92 de la Constitución establece que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a referéndum consultivo. Si se pretende que una consulta estatal de esta naturaleza tenga efectos jurídicamente vinculantes, habrá que articular previamente las reformas que constitucionalmente correspondan.
Ese es precisamente el debate que proponemos abrir: firmas, discusión pública, garantías jurídicas y voto ciudadano.
Que decida la ciudadanía. Y que, si el ordenamiento se reforma para hacerlo posible, su decisión sea vinculante.
