El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News para determinar si la suspensión coordinada de la cobertura televisiva de Donald Trump pudo vulnerar la legislación federal antimonopolio. La iniciativa se produce después de que las cinco cadenas dejaran temporalmente de cubrir determinados actos presidenciales en protesta por la exclusión de tres medios de comunicación de la Casa Blanca.
El origen del conflicto se remonta al 18 de septiembre, cuando la Administración Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, a los que el presidente acusó de ofrecer una cobertura sesgada sobre su Gobierno. En respuesta, las cinco principales cadenas que integran el grupo de cobertura televisiva compartida —conocido como pool— dejaron de participar durante varios días en las rotaciones destinadas a registrar y distribuir imágenes de las actividades presidenciales.
Este sistema permite que las cadenas se turnen para cubrir actos en los que el espacio o las condiciones de seguridad impiden la presencia de todos los equipos periodísticos. Las imágenes y el sonido obtenidos se distribuyen posteriormente entre otros medios. La retirada temporal de las cinco emisoras limitó la cobertura televisiva disponible y dejó a la Casa Blanca como principal fuente de imágenes de determinados actos oficiales.
La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, sostuvo que los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman, la legislación federal estadounidense que prohíbe determinadas prácticas anticompetitivas. Según la información publicada inicialmente por The New York Times, el departamento solicitó comunicaciones y documentación relacionada con el funcionamiento del grupo de cobertura. La investigación pretende determinar si la actuación de las cadenas constituye una infracción; por el momento, su apertura no implica que se haya demostrado ninguna conducta ilegal.
Los medios afectados por el veto presidencial recurrieron a los tribunales al considerar que la exclusión vulneraba las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión. Un juez federal suspendió provisionalmente la medida y los periodistas recuperaron sus acreditaciones, aunque la Casa Blanca mantuvo restricciones en la participación de algunos de ellos en las rotaciones de cobertura compartida.
El caso se suma a una sucesión de enfrentamientos entre la Administración republicana y las organizaciones periodísticas. Trump también ha restringido el acceso de otros medios a actividades oficiales y ha emprendido acciones legales contra empresas informativas. Las disputas han generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que advierten del riesgo de que las medidas gubernamentales condicionen el trabajo de los periodistas.
La investigación antimonopolio abre así un nuevo frente en la relación entre el Ejecutivo estadounidense y los medios de comunicación. Su evolución determinará si el Departamento de Justicia considera que la retirada coordinada de la cobertura constituye una práctica comercial ilegal o si la actuación de las cadenas queda fuera del ámbito de aplicación de esa legislación.
