Antiguos responsables de compras del Servicio Murciano de Salud declaran sobre la utilización de material vascular no homologado en varios hospitales. El PSOE exige responsabilidades políticas mientras la Consejería de Salud defiende que fue la propia Administración quien detectó las irregularidades.
La investigación judicial sobre el presunto fraude de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha registrado nuevos avances tras las declaraciones celebradas el viernes 6 de noviembre. Los testimonios de antiguos responsables de compras han reabierto las dudas sobre los controles del material sanitario utilizado en hospitales de la Región.
El procedimiento examina posibles irregularidades en el suministro y facturación de prótesis vasculares y otros dispositivos médicos, con un perjuicio económico estimado en 6,9 millones de euros, una cantidad todavía pendiente de determinación judicial definitiva.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha reclamado al presidente regional, Fernando López Miras, explicaciones públicas y responsabilidades políticas.
El Gobierno autonómico, por su parte, insiste en que fue el propio SMS quien descubrió las irregularidades y las puso en conocimiento de la Justicia.
Los testimonios judiciales apuntan a varios hospitales
Dos antiguos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS declararon ante el juez sobre la utilización de prótesis vasculares no homologadas.
Según la información publicada por Cadena SER, los testimonios hacen referencia a los hospitales Santa Lucía, Reina Sofía, Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, además del centro privado Quirón.
Los declarantes sostuvieron que desde el departamento de compras resultaba imposible comprobar qué dispositivo se implantaba realmente en cada intervención quirúrgica.
También explicaron que determinadas facturas reflejaban precios correspondientes a productos autorizados, aunque existían discrepancias con las referencias del material utilizado.
Ambos rechazaron haber participado en las supuestas irregularidades y defendieron su colaboración para esclarecerlas.
Estas declaraciones constituyen elementos de la investigación, pero no equivalen a una sentencia que acredite la comisión de delitos.
Un informe interno detectó irregularidades desde 2019
Uno de los aspectos más relevantes de las comparecencias es la existencia de un informe elaborado en septiembre de 2024 por un responsable del SMS.
El documento, según Onda Regional, recogía indicios de utilización y facturación de materiales no autorizados desde 2019.
También declaró un antiguo responsable de Radiología Intervencionista de la Arrixaca, quien aseguró que utilizó determinados productos siguiendo las indicaciones de un comercial y que desconocía que carecieran de autorización.
La investigación deberá determinar quién conocía las características de los dispositivos, cómo se registraban y qué controles existían antes de su implantación.
Además, tendrá que esclarecer si hubo facturación irregular, sobrecostes o perjuicios para los pacientes.
El PSOE exige responsabilidades a López Miras
Isabel Gadea considera que las últimas declaraciones judiciales obligan al presidente regional a responder políticamente.
La portavoz socialista ha cuestionado especialmente el nombramiento de Isabel Ayala como consejera de Salud, después de haber ocupado la gerencia del Servicio Murciano de Salud durante parte del periodo investigado.
El PSOE sostiene que el caso no puede limitarse a una discusión administrativa porque afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública.
También reclama conocer el alcance del posible perjuicio económico y si los pacientes recibieron productos que no cumplían los requisitos exigidos.
Estas exigencias son responsabilidades políticas reclamadas por la oposición y deben distinguirse de las posibles responsabilidades penales individuales.
Salud defiende las revisiones realizadas a los pacientes
La consejera Isabel Ayala ha defendido la transparencia de su departamento y asegura que se revisó a los pacientes intervenidos por el facultativo investigado.
Según la información facilitada por el Gobierno regional, se realizaron comprobaciones sobre 375 pacientes y no se detectaron complicaciones clínicas atribuibles a implantes caducados.
Ayala también sostiene que actualmente no existe constancia acreditada de que se utilizaran prótesis en mal estado o fuera de fecha.
Sin embargo, el juzgado acordó en octubre investigar el historial de un paciente personado en la causa para comprobar si recibió material caducado y, en su caso, evaluar posibles secuelas mediante un reconocimiento forense.
La resolución no confirma que ese paciente recibiera un implante caducado. Ordena precisamente comprobarlo.
La seguridad de los pacientes, principal cuestión pendiente
La causa investiga posibles delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación, contra la salud pública y organización criminal.
La existencia de estas diligencias no implica que las personas investigadas hayan cometido los delitos.
Más allá del enfrentamiento político, siguen abiertas preguntas fundamentales: qué dispositivos se utilizaron, cómo se autorizaron las compras, si las facturas correspondían al material suministrado y si algún paciente sufrió consecuencias.
También deberá aclararse el importe real del posible fraude y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.
La investigación judicial determinará las responsabilidades penales, pero el Gobierno regional tiene igualmente el deber político de explicar cómo funcionaron los mecanismos de supervisión del sistema sanitario.
La transparencia sobre los materiales implantados y la seguridad de los pacientes será decisiva para recuperar la confianza en el Servicio Murciano de Salud.









