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Las aulas de Murcia dicen basta al calor: 10.000 firmas para exigir una ley que climatice todos los colegios e institutos públicos

RedacciónporRedacción
noviembre 21, 2026
en Educación, Municipios, Política, Región de Murcia, Regional, Salud y Bienestar, Sociedad
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Las aulas de Murcia dicen basta al calor: 10.000 firmas para exigir una ley que climatice todos los colegios e institutos públicos

Paqui Pérez Peregrín. Cadena Ser.

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Familias, estudiantes y sindicatos impulsan una iniciativa legislativa popular para adaptar los centros educativos a las temperaturas extremas en un plazo de seis años. La propuesta contempla protocolos obligatorios a partir de los 27 grados, mejoras de aislamiento, energías renovables y financiación pública suficiente. La recogida de firmas llega este fin de semana a distintos municipios de la Región.

El calor en las aulas de la Región de Murcia ha dejado de ser únicamente una queja recurrente de familias y profesores para convertirse en una iniciativa legislativa que aspira a cambiar las condiciones de los centros educativos públicos.

La comunidad educativa ha puesto en marcha una campaña para reunir 10.000 firmas válidas con las que impulsar una ley de climatización sostenible, infraestructuras y confort térmico en los colegios e institutos de la Región.

La propuesta, que ya ha sido admitida a trámite por la Asamblea Regional, pretende obligar a la Administración a desarrollar un plan de adaptación de los edificios escolares durante los próximos seis años.

El objetivo no es instalar aparatos de aire acondicionado de manera indiscriminada, sino garantizar condiciones adecuadas para estudiar y trabajar mediante rehabilitación energética, sistemas de climatización eficientes y medidas de protección frente a las temperaturas extremas.

La campaña ha comenzado este mes de noviembre y contará con nuevos puntos de recogida de firmas durante el sábado 21 y el domingo 22.

Sus impulsores quieren alcanzar los apoyos necesarios antes de que termine el año.

Una ley para que estudiar con temperaturas extremas deje de ser habitual

La iniciativa legislativa popular nace de una reivindicación que las asociaciones de familias y los sindicatos educativos mantienen desde hace años.

Las elevadas temperaturas que se registran durante determinados periodos del curso afectan a las condiciones de habitabilidad de numerosos centros públicos.

La situación resulta especialmente preocupante en edificios antiguos, aulas con aislamiento insuficiente y espacios expuestos directamente al sol.

Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Región de Murcia Juan González, ha defendido la necesidad de abandonar las actuaciones improvisadas.

En declaraciones a Radio Murcia, Maldonado ha advertido de que no se puede normalizar que los escolares permanezcan en aulas que superan los 30 grados.

La representante de las familias considera que el problema ya no se concentra exclusivamente en los últimos días del curso, sino que se extiende durante periodos cada vez más prolongados.

La iniciativa parte de una idea fundamental: las condiciones ambientales de un centro educativo no deberían depender de la capacidad económica de las familias ni de la posibilidad de que cada colegio consiga financiación para resolver sus problemas.

Sus promotores reclaman que la climatización se convierta en una obligación pública, con planificación, presupuesto y mecanismos de control.

Un plan de seis años con protocolos obligatorios a partir de 27 grados

El principal instrumento que plantea la propuesta es el Plan Integral Sostenible de Climatización e Infraestructuras (PISCI).

Su aplicación sería obligatoria en todos los centros educativos públicos de la Región de Murcia si la iniciativa acaba convirtiéndose en ley.

El plan establecería un calendario progresivo para adaptar los edificios en un plazo de seis años.

Entre las medidas previstas figura la fijación de condiciones mínimas de habitabilidad y confort térmico, así como un umbral de 27 grados a partir del cual deberían activarse protocolos obligatorios.

Es importante precisar que esos 27 grados forman parte de la propuesta legislativa: no constituyen todavía una nueva obligación aprobada por la Asamblea Regional.

La iniciativa también plantea instalar sensores capaces de medir temperatura, humedad y concentración de dióxido de carbono en las aulas.

Estos dispositivos permitirían conocer mejor las condiciones ambientales y detectar situaciones que requieran intervención.

Además, se prevén auditorías energéticas, mantenimiento de instalaciones y mecanismos de seguimiento para comprobar que las inversiones cumplen su finalidad.

La propuesta busca evitar que las mejoras dependan de decisiones aisladas o de actuaciones puntuales cuando llegan las olas de calor.

No se trata solo de aire acondicionado: aislamiento, sombras y energías renovables

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es su apuesta por una climatización sostenible.

Los promotores consideran que instalar equipos de refrigeración sin mejorar previamente los edificios puede incrementar el consumo eléctrico y no resolver las deficiencias estructurales.

Por ello, el plan contempla intervenciones destinadas a reducir la exposición al calor y mejorar la eficiencia energética.

Entre ellas figuran la renovación del aislamiento térmico, la instalación de toldos y elementos de sombreado, la mejora de la ventilación y la incorporación de arbolado y zonas verdes.

También se proponen sistemas de climatización eficientes y el aprovechamiento de energías renovables.

Estas actuaciones permitirían abordar el problema desde dos perspectivas complementarias: mejorar el bienestar de alumnado y trabajadores y reducir las necesidades energéticas de los centros.

La adaptación de los patios escolares constituye otra cuestión importante.

Los espacios exteriores con escasa vegetación y grandes superficies pavimentadas pueden alcanzar temperaturas elevadas durante los meses de más calor.

La creación de zonas de sombra y la naturalización de los patios ayudarían a mejorar las condiciones de uso de estos espacios.

Sin embargo, la propuesta no incluye todavía un presupuesto global definitivo que permita conocer cuánto costaría adaptar todos los centros.

Esa será una de las cuestiones que deberán resolverse si la iniciativa avanza en su tramitación parlamentaria.

Familias, estudiantes y sindicatos se unen para llevar la propuesta a la Asamblea

La campaña es el resultado del trabajo desarrollado desde febrero por el denominado Grupo del Calor.

En este espacio participan familias, estudiantes y representantes sindicales preocupados por las condiciones térmicas de los centros educativos públicos.

Entre las organizaciones que colaboran en la iniciativa se encuentran la FAPA-RM Juan González, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), el Sindicato de Estudiantes, STERM-Intersindical y CCOO Enseñanza.

La comisión promotora pretende reunir las 10.000 firmas necesarias para que la propuesta continúe su recorrido institucional.

No obstante, alcanzar esa cifra no supondrá la aprobación automática de la ley.

Una vez reunidos y validados los apoyos, la iniciativa deberá seguir los procedimientos parlamentarios correspondientes.

Será entonces cuando los grupos políticos tengan que pronunciarse sobre el contenido de la propuesta, su viabilidad y los compromisos presupuestarios necesarios para llevarla a la práctica.

La iniciativa introduce así un debate que va más allá de las condiciones de temperatura.

También plantea cómo se planifican las inversiones educativas, qué criterios se utilizan para priorizar los centros y de qué manera se garantiza que las mejoras lleguen a todos los municipios.

Dónde firmar este sábado y domingo en la Región de Murcia

La recogida de firmas ya está activa en distintos puntos de Murcia, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Águilas y Cartagena.

También se puede participar a través de las sedes de la FAPA-RM Juan González, CCOO Enseñanza y STERM-Intersindical, así como de asociaciones de madres y padres que colaboran en la campaña.

Durante este fin de semana se han anunciado varias actividades de recogida.

El sábado 21 de noviembre habrá puntos vinculados al CEIP Puente Doña Ana, en La Albatalía, y al CEIP Guadalupe.

Los días 21 y 22 de noviembre también se recogerán firmas en el Festival de Folclore y Diversidad Achocuir, en Galifa, Cartagena.

Para el domingo 22 está prevista otra actividad coincidiendo con el Día del Comercio Local en Las Torres de Cotillas.

Además, el miércoles 25 de noviembre se han anunciado puntos de recogida a las 19:00 horas en la plaza Circular de Murcia y en la plaza de España de Cartagena.

La organización prevé ampliar progresivamente la campaña a municipios como Ceutí, Lorquí, Alguazas y Archena, además de El Palmar.

Los interesados deberán consultar los puntos y horarios concretos con las entidades organizadoras.

El reto político: convertir las firmas en inversiones reales

La iniciativa llega en un contexto de preocupación creciente por las consecuencias de las temperaturas extremas en los centros educativos.

Pero también plantea un desafío político y presupuestario.

Aprobar una ley puede establecer obligaciones y plazos, aunque su eficacia dependerá de que las administraciones destinen recursos suficientes y ejecuten las actuaciones previstas.

La adaptación de los centros públicos requiere conocer el estado de los edificios, identificar las necesidades prioritarias y establecer criterios que permitan distribuir las inversiones de manera equitativa.

También será necesario garantizar el mantenimiento posterior de los sistemas instalados.

De poco serviría incorporar equipos de climatización si los centros no dispusieran después de los recursos necesarios para utilizarlos y conservarlos en condiciones adecuadas.

Por eso, los impulsores de la iniciativa insisten en la necesidad de una financiación estable y de mecanismos de transparencia y participación de la comunidad educativa.

La campaña de firmas pretende conseguir que esta cuestión llegue al debate parlamentario con un respaldo ciudadano suficiente.

La pregunta que deberá responder la Asamblea Regional no será únicamente cómo combatir el calor en las aulas, sino qué compromiso está dispuesta a asumir para garantizar unas condiciones dignas de enseñanza.

Porque la calidad de la educación también depende del lugar en el que se aprende.

Y disponer de aulas saludables no debería convertirse en una carrera de obstáculos para las familias, sino en una responsabilidad de las administraciones públicas.

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