Las familias denuncian pérdida de horas lectivas, problemas de seguridad y desplazamientos diarios de unos 350 escolares. Vox exige explicaciones al Gobierno regional por los posibles sobrecostes de una actuación presupuestada inicialmente en 800.000 euros.
Las obras del colegio Nuestra Señora de Loreto, situado en Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier, se han convertido en un nuevo foco de controversia sobre la gestión de las infraestructuras educativas de la Región de Murcia.
Los trabajos, que debían haberse completado durante las vacaciones de verano, continúan en noviembre, mientras centenares de alumnos reciben clases en otras instalaciones municipales.
El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, denunció el 8 de noviembre los retrasos y reclamó explicaciones al consejero de Educación, Víctor Marín, sobre los posibles sobrecostes y las condiciones de seguridad.
La polémica llega después de semanas de quejas de las familias, preocupadas por las consecuencias académicas y organizativas de una intervención que sigue sin finalizar.
Una inversión de 800.000 euros que debía terminar en verano
La Consejería de Educación anunció una inversión de 800.000 euros para renovar las cubiertas del colegio y mejorar su eficiencia energética.
El proyecto contempla sustituir 2.410 metros cuadrados de cubierta, mejorar el aislamiento térmico e instalar placas fotovoltaicas con una potencia de 30 kilovatios.
Las actuaciones incluyen la retirada de materiales con amianto y forman parte del programa regional de modernización de centros educativos.
Sin embargo, las obras comenzaron el 15 de julio y no pudieron completarse antes del inicio del curso escolar.
La Administración explicó en septiembre que el hallazgo de unos 250 nidos de vencejo había obligado a modificar el desarrollo previsto de los trabajos.
Posteriormente, las lluvias intensas de octubre agravaron la situación y provocaron inundaciones en varias aulas, según la información publicada por medios locales.
Unos 350 alumnos desplazados y quejas por las clases perdidas
El retraso ha obligado a reorganizar la actividad educativa de doce grupos de cuarto, quinto y sexto de Primaria.
Según la información publicada por Noticiero Mar Menor, alrededor de 350 escolares reciben clases fuera de su colegio habitual.
Los alumnos de cuarto fueron trasladados al colegio La Paz, mientras los de quinto y sexto utilizan instalaciones del Conservatorio de Música y de la Escuela Oficial de Idiomas.
La Consejería habilitó transporte gratuito para los desplazamientos y mantuvo el servicio de comedor en el centro original.
Sin embargo, las familias denuncian que los traslados reducen aproximadamente una hora diaria de actividad lectiva.
También cuestionan las condiciones de algunas instalaciones provisionales y la organización de las clases de Educación Física.
Estas circunstancias han incrementado el malestar entre los padres, que reclaman una solución definitiva.
Vox denuncia posibles sobrecostes y exige responsabilidades
Martínez Alpañez visitó el centro acompañado por la diputada regional María José Ruiz y la portavoz municipal de Vox, Isabel Ferrer.
El parlamentario responsabilizó al Partido Popular de una gestión deficiente y aseguró que los retrasos están generando gastos adicionales.
También denunció desperfectos que, según su versión, podrían incrementar el presupuesto y prolongar las obras.
Vox ha anunciado que solicitará información sobre el coste real de la intervención, los gastos derivados de las demoras y las medidas de protección de los escolares.
Hasta ahora no consta una cifra oficial publicada que permita cuantificar los presuntos sobrecostes.
Por tanto, las afirmaciones de la formación constituyen denuncias políticas pendientes de contrastarse con la documentación económica de la Consejería.
La Consejería prevé el regreso a mediados de noviembre
La Consejería de Educación justificó inicialmente el retraso por la aparición de nidos de vencejo y organizó el traslado provisional del alumnado.
Según la información trasladada a las familias y recogida por medios locales, la Administración preveía completar la impermeabilización del edificio principal a mediados de noviembre.
Esto permitiría el regreso progresivo de los escolares, aunque determinadas actuaciones continuarían hasta finales de mes.
La directora del centro y concejala de Educación, María José Bernal, reconoció ante las familias que se habían comunicado incidencias de seguridad laboral a la empresa contratista.
También anunció la solicitud de documentación sobre seguridad y calidad del aire.
No se ha localizado una respuesta posterior de la Consejería a las denuncias formuladas por Vox el 8 de noviembre.
Las familias reclaman seguridad, transparencia y una fecha definitiva
La preocupación de los padres no se limita a los retrasos.
También reclaman información sobre las humedades aparecidas tras las lluvias, la retirada del amianto y las condiciones de seguridad durante las obras.
El Ayuntamiento y la Consejería deben coordinar el funcionamiento del centro, aunque la responsabilidad de ejecutar y supervisar el proyecto corresponde a la Administración promotora y a los agentes de la obra según sus respectivas obligaciones.
La controversia plantea preguntas concretas: cuánto costará finalmente la intervención, cuándo podrán regresar todos los alumnos y qué garantías técnicas respaldarán la reapertura.
La prioridad debe ser que los escolares recuperen sus aulas con todas las garantías y sin seguir perdiendo tiempo educativo.
Mientras tanto, las familias esperan respuestas verificables, más allá del enfrentamiento político, sobre una obra que debía mejorar el colegio y que ha terminado alterando buena parte del curso escolar.









