CCOO denuncia la parálisis de tres convenios colectivos que afectan al campo y a la industria hortofrutícola murciana. El sindicato reclama subidas salariales retroactivas, jornadas estables y exige al Gobierno regional que intervenga ante unas patronales que reciben ayudas públicas mientras miles de trabajadores esperan mejoras laborales.
La Región de Murcia presume, con motivos, de la fortaleza de su sector agroalimentario. Sus frutas y hortalizas llegan a los mercados de media Europa, las exportaciones constituyen uno de los pilares de la economía regional y el campo aparece de forma recurrente en los discursos institucionales como un sector estratégico.
Detrás de esas cifras hay, sin embargo, 70.000 trabajadores cuyas condiciones laborales dependen de tres convenios colectivos que permanecen bloqueados, según ha denunciado este viernes la Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia.
El sindicato señala directamente a las organizaciones patronales COAG, ASAJA, APOEXPA y PROEXPORT y reclama también al Gobierno de Fernando López Miras que deje de mantenerse al margen e intervenga para facilitar el desbloqueo de las negociaciones.
No se trata de un sector marginal. CCOO calcula que las actividades afectadas representan entre el 20% y el 22,4% del PIB regional y que las ventas agroalimentarias rondan la mitad de las exportaciones de la Región. Son datos aportados por el propio sindicato y sirven para dimensionar la contradicción que denuncia: una actividad esencial para la economía murciana mantiene sin cerrar la negociación de las condiciones de decenas de miles de personas.
Tres convenios y 70.000 trabajadores
El conflicto afecta a tres grandes ámbitos del sector agroalimentario.
El Convenio Agrícola, Forestal y Pecuario afecta, según CCOO, a unas 400 empresas y 30.000 trabajadores. El sindicato sostiene que el convenio caducó en 2019 y recuerda que en noviembre de 2025 se alcanzó un preacuerdo que todavía no ha sido ratificado por COAG y ASAJA. La negociación se encuentra actualmente en el ámbito de la mediación laboral.
El segundo es el Convenio de Manipulado de Frutas y Hortalizas, que engloba a unas 30 empresas y 12.000 trabajadores. Expiró en diciembre de 2020 y continúa sin cerrarse definitivamente pese al preacuerdo alcanzado con APOEXPA en agosto de 2023, según la versión sindical.
A ellos se suman los 28.000 trabajadores de más de 150 empresas productoras de tomate, lechuga y otros productos hortofrutícolas. CCOO asegura que las conversaciones con PROEXPORT no han conseguido avances significativos desde que se constituyó la comisión negociadora en abril de 2024.
En total: 70.000 personas esperando que la negociación colectiva avance.
«Salarios dignos» y recuperar poder adquisitivo
CCOO reclama que las mesas negociadoras se reactiven inmediatamente y que se respeten los preacuerdos alcanzados.
Entre sus principales reivindicaciones figuran subidas salariales con efectos retroactivos que compensen la pérdida de poder adquisitivo, estabilidad en las jornadas y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
El secretario general de CCOO Industria en Murcia, Gerardo Medina, ha recordado además el papel desempeñado por los trabajadores del campo durante la pandemia, cuando la actividad agrícola y alimentaria continuó funcionando para garantizar el abastecimiento.
El sindicato considera que aquel reconocimiento social debería traducirse ahora en condiciones laborales acordes con la importancia económica del sector.
La cuestión salarial adquiere todavía más relevancia después de años marcados por el incremento del coste de la vivienda, los alimentos y otros gastos básicos. Cuando una negociación colectiva permanece paralizada durante largos periodos, el problema no se limita a una mesa donde sindicatos y empresarios no alcanzan un acuerdo: termina trasladándose directamente al bolsillo de las familias.
CCOO señala también al Gobierno regional
Las críticas sindicales no se dirigen únicamente hacia las patronales.
CCOO reclama a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social una intervención más decidida para facilitar los acuerdos y cuestiona que las administraciones concedan ayudas públicas a sectores económicos sin exigir, al mismo tiempo, compromisos en materia laboral.
El planteamiento introduce una cuestión de fondo: qué contrapartidas sociales deben acompañar al dinero público destinado a sostener o mejorar la competitividad de las empresas.
El sector agroalimentario murciano reclama legítimamente inversiones, agua, infraestructuras, seguros agrarios y apoyo frente a la competencia exterior. Pero las ayudas públicas y la defensa de un sector estratégico pueden convivir perfectamente con otra exigencia igualmente legítima: que quienes trabajan en él tengan salarios y condiciones laborales negociados y actualizados.
Un conflicto laboral que va más allá del campo
La denuncia llega además en un momento especialmente intenso para la negociación colectiva en la Región.
Los trabajadores del metal han convocado una huelga indefinida a partir del 27 de octubre si antes no se alcanza un acuerdo sobre su convenio, que afecta a alrededor de 35.000 empleados. CCOO ha advertido también de problemas en otros sectores industriales.
La coincidencia de distintos conflictos laborales coloca los salarios y las condiciones de trabajo entre los asuntos económicos que tendrá que afrontar la Región durante los próximos meses.
En el caso agroalimentario, la magnitud de las cifras hace difícil considerar el problema como una simple disputa entre organizaciones sindicales y empresariales.
Son 70.000 trabajadores.
Son decenas de miles de familias.
Y son precisamente las personas que plantan, recogen, manipulan, envasan y preparan buena parte de los productos que después permiten a la Región de Murcia exhibir sus cifras de producción y exportación.
El campo murciano puede ser uno de los grandes motores económicos de la Región. Pero un motor no funciona únicamente por lo que exporta o factura: también debe medirse por las condiciones en las que trabajan quienes lo mantienen en marcha cada día.
