La Sala de lo Penal aplica finalmente la ley de amnistía al delito de malversación tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Los cuatro dirigentes del procés recuperan el derecho a presentarse a unas elecciones, aunque el Supremo acompaña su decisión de duras críticas al Constitucional por considerar que ha invadido sus competencias.
El Tribunal Supremo ha aplicado este martes la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por el delito de malversación relacionado con el procés independentista catalán. La decisión extingue su responsabilidad penal, elimina sus antecedentes y pone fin a las penas de inhabilitación que todavía pesaban sobre los cuatro dirigentes.
La consecuencia política es inmediata: los cuatro recuperan el derecho a presentarse a unas elecciones y ocupar cargos públicos. Junqueras permanecía inhabilitado hasta 2031, mientras que Turull, Romeva y Bassa lo estaban hasta 2030.
La resolución supone un giro respecto a la posición que el propio Supremo mantuvo desde la aprobación de la ley en 2024. Entonces, la Sala consideró que la malversación cometida durante el procés no podía beneficiarse de la amnistía porque los dirigentes habían obtenido un beneficio personal de carácter patrimonial.
Ahora el tribunal modifica el resultado después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la malversación vinculada a la organización del referéndum del 1 de octubre debía quedar comprendida en la amnistía.
Del indulto a la amnistía
Junqueras fue condenado en 2019 a 13 años de prisión e inhabilitación, mientras que Turull, Romeva y Bassa recibieron penas de 12 años por su participación en los acontecimientos que culminaron con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.
En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez les concedió indultos parciales que afectaron a las penas de prisión, pero mantuvieron las inhabilitaciones. La aprobación de la ley de amnistía en 2024 abrió una segunda batalla judicial sobre la posibilidad de eliminar también las responsabilidades derivadas del delito de malversación.
El Supremo rechazó inicialmente esa posibilidad. El Constitucional terminó corrigiendo esa interpretación al resolver el recurso de amparo de Dolors Bassa.
La corte de garantías consideró que excluir la malversación en estos casos suponía realizar una interpretación excesivamente amplia de las excepciones establecidas en la propia ley y vulneraba el derecho de Bassa a la tutela judicial efectiva.
La resolución conocida este martes extiende las consecuencias de esa doctrina a Junqueras, Turull y Romeva.
El Supremo acata, pero carga contra el Constitucional
El enfrentamiento jurídico entre los dos tribunales aparece claramente reflejado en el auto.
La Sala de lo Penal asegura que asume íntegramente lo establecido por el Constitucional, pero critica con dureza algunos de los razonamientos empleados para corregir su interpretación.
Los magistrados consideran que determinadas expresiones utilizadas por el Constitucional eran innecesarias y reprochan a la corte de garantías una actuación que, a su juicio, invade el ámbito jurisdiccional reservado al Supremo. Incluso advierten de que convertir al Constitucional en una instancia capaz de revisar la interpretación de cualquier norma realizada por el Supremo puede desdibujar el modelo diseñado por la Constitución.
Por tanto, la decisión cierra una parte fundamental del recorrido penal del procés, pero deja al descubierto un importante enfrentamiento entre las dos principales instancias judiciales implicadas.
Puigdemont, pendiente de los últimos trámites
La situación de Carles Puigdemont sigue un recorrido diferente porque el expresident no fue juzgado en la causa de 2019.
El juez Pablo Llarena confirmó este lunes la retirada de la orden nacional de detención que pesaba sobre Puigdemont y también sobre los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, aplicando la doctrina establecida por el Constitucional sobre la malversación.
La aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont requiere todavía completar algunos trámites procesales. Llarena debe, entre otras actuaciones, dictar el auto de conclusión del sumario antes de que pueda cerrarse definitivamente la causa contra el expresident.
La decisión adoptada este martes sí deja completamente despejada la situación de Junqueras, Turull, Romeva y Bassa.
El líder de ERC celebró públicamente la resolución asegurando que finalmente se había hecho justicia, mientras que el Gobierno defendió que la decisión confirma la aplicación íntegra de una ley que considera constitucional y compatible con el Derecho europeo.
Nueve años después del referéndum del 1-O, la resolución del Supremo cierra así una de las principales consecuencias penales que todavía permanecían vigentes para los dirigentes independentistas que fueron juzgados y condenados por aquellos acontecimientos.
