CCOO y UGT plantean una subida de al menos el 7 % para el próximo año y reclaman que el SMI mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores con los salarios más bajos.
CCOO y UGT han planteado elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.306,50 euros mensuales en catorce pagas en 2027, lo que supondría un incremento de al menos el 7 % respecto a la cuantía vigente.
La propuesta sindical llega mientras se prepara la negociación que determinará el salario mínimo del próximo año. Los sindicatos defienden que la actualización debe permitir que quienes perciben las remuneraciones más bajas no pierdan capacidad de compra ante el incremento del coste de la vida.
De prosperar su planteamiento, el salario mínimo anual se situaría en 18.291 euros brutos, con un incremento aproximado de 85 euros mensuales en cada una de las catorce pagas.
La cantidad propuesta por CCOO y UGT no es todavía el SMI que estará vigente en 2027. La decisión corresponde al Gobierno, previa consulta con sindicatos y organizaciones empresariales y de acuerdo con los criterios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
Un salario especialmente importante para los trabajadores con menos ingresos
El salario mínimo establece el suelo legal por debajo del cual no puede remunerarse a un trabajador a jornada completa.
Sus sucesivas subidas tienen una incidencia directa sobre quienes ocupan los puestos peor pagados y sobre sectores en los que existe una mayor concentración de salarios próximos al mínimo.
Entre ellos se encuentran actividades como la hostelería, el comercio, la agricultura, la limpieza, los cuidados y determinados servicios.
CCOO y UGT sostienen que el incremento para 2027 debe tener en cuenta la evolución de los precios y garantizar que el crecimiento económico llegue también a las rentas laborales más bajas.
La propuesta supone continuar con una política de revalorización del salario mínimo que durante los últimos años ha permitido aumentar los ingresos de millones de trabajadores.
El coste de la vida condiciona la subida
Los sindicatos vinculan su petición a la evolución de los gastos que soportan los hogares.
Alimentación, suministros, transporte y, especialmente, vivienda absorben una parte creciente de los ingresos de muchas familias. Para quienes perciben salarios reducidos, cualquier aumento de estos gastos tiene un efecto mucho mayor sobre su economía doméstica.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que las mejoras salariales tienen límites para compensar determinados incrementos de precios, especialmente cuando se trata de la vivienda.
La reivindicación sindical, por tanto, no plantea el aumento del SMI como una solución aislada a los problemas económicos de los hogares, sino como una herramienta para evitar que los trabajadores con menores remuneraciones pierdan poder adquisitivo.
La patronal tendrá que fijar su posición
La fijación del salario mínimo suele enfrentar posiciones diferentes entre sindicatos y organizaciones empresariales.
Mientras las centrales sindicales defienden incrementos que garanticen salarios suficientes, las patronales han reclamado tradicionalmente que las subidas tengan en cuenta la situación de las pequeñas empresas y de aquellos sectores con menores márgenes.
La legislación establece que el Gobierno debe consultar a las organizaciones sindicales y empresariales antes de determinar la nueva cuantía, aunque no necesita alcanzar un acuerdo con ellas.
El proceso para fijar el SMI de 2027 deberá concretar ahora qué incremento resulta finalmente aprobado y cuándo entrará en vigor.
Del crecimiento económico al salario
La discusión sobre el salario mínimo tiene una consecuencia inmediata para miles de hogares: cuánto dinero entra cada mes.
CCOO y UGT consideran que los trabajadores que cobran menos deben participar también de la mejora económica y que tener un empleo a jornada completa debe proporcionar unos ingresos suficientes para afrontar los gastos esenciales.
La propuesta de los sindicatos sitúa ya una cifra sobre la mesa: 1.306,50 euros en catorce pagas.
A partir de ahora corresponde al Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales afrontar una negociación cuyo resultado determinará el salario de una parte importante de los trabajadores españoles durante 2027.
