IU-Verdes reclama que no se renueve a un ginecólogo en el Comité Clínico que evalúa determinados abortos después de la semana 22. La formación lleva el asunto a la Asamblea Regional y pide explicaciones sobre posibles retrasos, falta de información y dificultades para acceder a la interrupción del embarazo en la sanidad pública.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo vuelve a situarse en el centro del debate político y sanitario de la Región de Murcia.
Izquierda Unida-Verdes ha reclamado este lunes 16 de noviembre al Gobierno de Fernando López Miras que no renueve el nombramiento del ginecólogo Juan Luis Delgado Marín como integrante del Comité Clínico encargado de evaluar determinados supuestos de interrupción del embarazo por causas médicas después de la semana 22 de gestación.
La petición llega después de que una mujer denunciara ante los tribunales presuntas irregularidades en la atención recibida en la Unidad de Medicina Materno-Fetal del hospital Virgen de la Arrixaca.
Según su testimonio, sufrió retrasos diagnósticos, información insuficiente sobre anomalías fetales y actuaciones que interpretó como intentos de disuadirla de interrumpir el embarazo.
La paciente terminó desplazándose a Bruselas para acceder a la intervención.
Se trata de denuncias que deben investigarse y sobre las que no puede anticiparse una conclusión judicial.
Sin embargo, el caso ha reabierto una cuestión de mayor alcance: si el sistema sanitario público regional garantiza de manera efectiva el ejercicio de un derecho reconocido por la legislación española.
IU-Verdes reclama que no se renueve al ginecólogo
La formación ha solicitado al Ejecutivo autonómico que revise la situación de Juan Luis Delgado Marín antes de adoptar cualquier decisión sobre su continuidad en el Comité Clínico.
Este órgano interviene en determinados procedimientos de interrupción del embarazo por causas médicas una vez superadas las 22 semanas de gestación.
Su función exige valorar las circunstancias clínicas conforme a los requisitos establecidos por la legislación.
IU-Verdes considera necesario garantizar que quienes integran el comité actúen con objetividad e imparcialidad.
La formación ha señalado las manifestaciones públicas del ginecólogo sobre la objeción de conciencia como uno de los elementos que justifican solicitar explicaciones al Gobierno regional.
Sin embargo, expresar determinadas convicciones personales no demuestra automáticamente una actuación profesional irregular.
La cuestión jurídica relevante es comprobar si se cumplen los requisitos legales para integrar el comité y si las decisiones clínicas respetan los derechos de las pacientes.
La Ley Orgánica 1/2023 establece restricciones para la participación en estos órganos de profesionales inscritos en el Registro de Objetores de Conciencia, así como de quienes hayan figurado en él durante los tres años anteriores.
Por tanto, resulta necesario conocer la situación administrativa concreta del especialista antes de determinar si existe alguna incompatibilidad.
Una denuncia por la atención recibida en la Arrixaca
La controversia se ha intensificado tras conocerse el testimonio de una mujer que cuestiona la asistencia recibida en el hospital Virgen de la Arrixaca.
La paciente sostiene que durante su embarazo no recibió información suficiente y a tiempo sobre determinadas anomalías fetales.
También denuncia retrasos en el proceso diagnóstico y actuaciones que interpretó como presiones para no interrumpir la gestación.
Según la información difundida por IU-Verdes, la mujer tuvo que viajar finalmente a Bruselas para acceder a la intervención.
La formación considera que estos hechos deben investigarse para determinar si existieron deficiencias asistenciales o vulneraciones de derechos.
No obstante, las afirmaciones de la paciente constituyen denuncias pendientes de esclarecimiento.
No consta en las fuentes consultadas una resolución judicial firme que establezca la responsabilidad del ginecólogo por los hechos relatados.
Esta distinción es esencial para informar con rigor sobre un asunto que afecta tanto a los derechos de las pacientes como a la reputación profesional de las personas señaladas.
La investigación deberá aclarar qué información se facilitó, cuándo se comunicaron los diagnósticos y qué alternativas asistenciales estaban disponibles.
La controversia llega a la Asamblea Regional
El debate no se limita a las declaraciones públicas.
IU-Verdes ya había registrado el pasado 22 de octubre una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Salud.
La iniciativa, presentada por el diputado José Luis Álvarez-Castellanos, solicita conocer qué valoración ha realizado el Servicio Murciano de Salud sobre la posible renovación de Delgado.
En concreto, la formación pide explicaciones sobre la compatibilidad de su nombramiento con las exigencias de imparcialidad y ausencia de conflictos relacionados con la objeción de conciencia.
La pregunta parlamentaria obliga a situar el asunto en el ámbito de la responsabilidad institucional.
Corresponde a la Administración regional comprobar que los órganos sanitarios cumplen la legislación y que los procedimientos se desarrollan con las garantías necesarias.
La controversia también plantea la necesidad de conocer cómo se organiza la atención a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo por motivos médicos.
Entre las cuestiones pendientes figuran los circuitos asistenciales, la disponibilidad de profesionales y los mecanismos para resolver posibles conflictos.
El objetivo debería ser que ninguna paciente tenga que afrontar demoras evitables en situaciones médicas especialmente complejas.
La objeción de conciencia y los derechos de las pacientes
La legislación española reconoce la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo.
Ese reconocimiento debe convivir con la obligación de los servicios públicos de garantizar el acceso a las prestaciones legalmente establecidas.
La objeción es un derecho individual, pero no puede utilizarse para impedir que las pacientes reciban la atención que les corresponde.
La ley establece mecanismos destinados a compatibilizar ambas garantías.
Uno de ellos es el registro de profesionales objetores.
También contempla condiciones específicas para la composición de los comités clínicos que intervienen en determinados supuestos médicos.
La controversia de Murcia vuelve a poner de manifiesto la importancia de aplicar estos mecanismos con transparencia.
No basta con reconocer un derecho en una norma si su ejercicio depende de desplazamientos, demoras o dificultades que podrían evitarse mediante una organización adecuada.
Al mismo tiempo, cualquier revisión de responsabilidades debe respetar las garantías de los profesionales afectados.
La defensa de los derechos reproductivos y la presunción de inocencia no son principios incompatibles.
Ambos deben formar parte de una investigación rigurosa.
La izquierda exige respuestas al Gobierno regional
Penélope Luna, candidata del Frente Amplio al Congreso de los Diputados, ha expresado el apoyo de IU-Verdes a la Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública.
La organización reclama que se investiguen las denuncias y que se garantice una atención sanitaria respetuosa con las decisiones de las mujeres.
IU-Verdes también pide examinar las posibles incompatibilidades entre las diferentes responsabilidades profesionales atribuidas al ginecólogo.
Entre ellas figuran su actividad hospitalaria, su participación en el Comité Clínico y determinadas funciones relacionadas con contratos sanitarios.
La formación sostiene que el Servicio Murciano de Salud debe garantizar recursos suficientes, diagnósticos oportunos y procedimientos que respeten la autonomía de las pacientes.
Las reclamaciones se producen en plena campaña electoral, lo que añade una dimensión política a un problema sanitario que no debería depender del calendario de las urnas.
La respuesta del Gobierno regional será importante para determinar si existen deficiencias que deban corregirse.
Hasta el momento, las fuentes consultadas recogen las exigencias de IU-Verdes, pero no una respuesta específica y actualizada de la Consejería de Salud a estas reclamaciones.
Por ello, no sería correcto presentar las denuncias como hechos ya demostrados ni dar por establecida una incompatibilidad legal.
Lo que sí resulta exigible es que el Gobierno de Murcia aclare las dudas planteadas, garantice el cumplimiento de la legislación y explique cómo protege los derechos de las mujeres que necesitan acceder a una interrupción del embarazo por razones médicas.
Porque la calidad de la sanidad pública también se mide por su capacidad para atender situaciones difíciles con rigor, información suficiente y respeto a las decisiones de cada paciente.









