La Guardia Civil deja en libertad a los seis arrestados tras tomarles declaración y solicita documentación a Adif sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública. La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto esta nueva investigación, que afecta al entorno del exministro de Transportes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado una nueva operación relacionada con el caso Koldo, que se ha saldado con seis detenciones, varios registros domiciliarios y la solicitud de documentación a Adif y a una empresa constructora.
El operativo, desarrollado este jueves 5 de noviembre en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, después de recibir un nuevo informe policial sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Entre los detenidos figuran Andrea de la Torre, pareja del exministro José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, empresario cordobés que condujo a Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.
Los seis arrestados quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil. La investigación continúa abierta y permanece bajo secreto judicial.
La Guardia Civil registra la vivienda de Ábalos en Valencia
Uno de los principales escenarios del operativo fue el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos, situado en Valencia.
Los agentes realizaron un registro autorizado judicialmente para localizar documentación y posibles pruebas relacionadas con la investigación.
Durante la actuación se encontraba en la vivienda Andrea de la Torre, actual pareja del exministro, que fue detenida y trasladada a dependencias policiales.
Según las informaciones publicadas por EFE y El País, De la Torre se acogió a su derecho a no declarar ante los investigadores.
Los agentes también efectuaron registros en otras localidades, entre ellas Córdoba, donde fue detenido Cristian Corvillo.
El empresario había mantenido relaciones con personas vinculadas al caso Koldo, aunque esas conexiones no demuestran por sí mismas su participación en actividades delictivas.
Adif entrega documentación sobre contratos investigados
La operación también alcanzó a Adif y Adif Alta Velocidad, organismos públicos encargados de gestionar infraestructuras ferroviarias.
La UCO acudió a sus oficinas para solicitar documentación relacionada con contratos que están siendo examinados por los investigadores.
Adif confirmó que facilitó la información requerida y aseguró haber prestado plena colaboración a la Guardia Civil.
Es importante precisar que en las oficinas de Adif no se practicó un registro judicial, sino un requerimiento de documentación, según explicó la propia entidad pública a RTVE.
Los investigadores también solicitaron información a la constructora Grupo Azvi, vinculada a anteriores declaraciones sobre posibles adjudicaciones irregulares.
La empresa ha negado las acusaciones formuladas anteriormente sobre su participación en supuestos amaños.
Una nueva investigación sobre presuntas comisiones ilegales
El juez Ismael Moreno acordó abrir una pieza separada del caso Koldo tras recibir un informe de la UCO.
Las diligencias se centran en posibles irregularidades relacionadas con contratos de obra pública adjudicados durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Según la información publicada por El País, los investigadores examinan posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La autorización judicial permite analizar dispositivos electrónicos, documentación financiera, comunicaciones y posibles activos relacionados con los hechos investigados.
Sin embargo, el contenido completo del informe policial no se ha hecho público debido al secreto de las actuaciones.
Por tanto, las sospechas sobre nuevas comisiones ilegales todavía no constituyen hechos judicialmente probados.
Ábalos ya fue condenado por la trama de las mascarillas
Esta nueva investigación se desarrolla después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia sobre la rama del caso relacionada con la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión y su antiguo asesor Koldo García a 19 años.
El empresario Víctor de Aldama también recibió una condena, aunque obtuvo la suspensión de su ingreso en prisión por su colaboración con la Justicia.
Estas condenas corresponden a hechos examinados en un procedimiento anterior y no deben confundirse con las nuevas sospechas sobre adjudicaciones de obra pública.
La investigación que dirige Ismael Moreno busca determinar si existieron otras actuaciones irregulares y quiénes pudieron participar en ellas.
Sánchez se desvincula y el PP exige responsabilidades
La operación ha provocado nuevas reacciones políticas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que las personas detenidas no mantienen relación con él en la actualidad.
Por su parte, el Partido Popular ha utilizado la detención de Cristian Corvillo, antiguo colaborador de Sánchez durante las primarias de 2017, para exigir explicaciones al Ejecutivo.
El PSOE de Córdoba ha señalado que Corvillo no ocupa cargos orgánicos ni institucionales en representación del partido, más allá de su condición de militante de base.
La nueva actuación policial amplía el alcance de una investigación que continúa teniendo importantes consecuencias políticas.
Los registros, las detenciones y los requerimientos de documentación son hechos confirmados. Las posibles responsabilidades penales de los nuevos investigados, en cambio, deberán determinarse mediante las correspondientes actuaciones judiciales.
La Audiencia Nacional continuará examinando la documentación intervenida para esclarecer si existieron nuevas irregularidades en la contratación pública.









