El respaldo de la mesa de contratación del AMB a la oferta de Veolia exige explicaciones públicas sobre la viabilidad de las inversiones y las garantías de igualdad entre competidores.
Una rebaja del 60 % merece algo más que una buena puntuación. Merece una explicación convincente, comprensible y suficientemente documentada. Especialmente cuando está en juego un servicio esencial como el agua y una concesión que condicionará durante veinticinco años el abastecimiento de ocho municipios metropolitanos de Barcelona.
Según la información publicada este 24 de septiembre por El Confidencial, firmada por Alberto Sanz y Víctor Romero, Veolia encabeza el concurso, valorado en 1.078 millones de euros, después de que la mesa de contratación aceptara la justificación de su oferta y propusiera adjudicarle el contrato. Aiguamet, el consorcio integrado por Aqualia y Global Omnium, cuestiona esa decisión y estudia recurrir.
Conviene precisar qué significa ese 60 %: es la rebaja sobre los precios de referencia de las inversiones previstas. No significa que los ciudadanos vayan a pagar un 60 % menos en su recibo. Confundir ambas cosas convertiría un debate sobre la ejecución de las obras en una promesa de ahorro doméstico que la información disponible no sostiene.
El núcleo de la controversia está en cómo se justifica ese descuento. De acuerdo con el citado periódico, Veolia respalda 30,5 puntos porcentuales mediante compromisos de subcontratistas y documentación técnica. Los otros 29,5 se apoyan en el modelo económico global de la concesión, acompañado de un informe de PwC.
La pregunta resulta inevitable: ¿hasta qué punto los resultados esperados del conjunto del negocio justifican una reducción tan elevada en los precios de unas inversiones concretas?
Aiguamet cuestiona que ese mecanismo encaje en las reglas del concurso. Los servicios técnicos del AMB, por su parte, han considerado viable la oferta.
Esa discrepancia no permite declarar ilegal la propuesta de Veolia. Pero sí obliga a exigir al AMB una explicación pública de por qué considera suficiente la justificación y cómo garantiza que su interpretación respeta las condiciones con las que compitieron todos los participantes. El respaldo técnico es relevante; también lo es conocer sus fundamentos.
¿Doble vara de medir?
El antecedente de Valencia añade una comparación incómoda. Según recoge El Confidencial, Global Omnium quedó excluida de un concurso de saneamiento tras presentar una rebaja del 30 % cuya justificación no fue aceptada. En el procedimiento metropolitano de Barcelona, una reducción del 60 % ha superado el examen técnico.
Son contratos y expedientes diferentes. Comparar porcentajes no demuestra, por sí solo, un trato desigual. Sin embargo, el contraste plantea una cuestión legítima: ¿qué circunstancias hacen inviable una oferta en un procedimiento y permiten aceptar otra con un descuento mucho mayor?
La respuesta debe encontrarse en los costes, las obligaciones y las garantías acreditadas. La confianza en la contratación pública exige que esas diferencias puedan explicarse con razones verificables.
La transparencia también forma parte del conflicto. El periódico informa de que Aiguamet registró el 16 de septiembre una carta dirigida al vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, reclamando documentación y señalando que sus solicitudes de información de agosto seguían sin respuesta. Es una afirmación del consorcio competidor que merece una contestación concreta.
Veolia sostiene que obtuvo la mejor puntuación técnica y económica y que entregó las explicaciones solicitadas. El AMB trasladó al periódico que no comentaría el asunto hasta el pleno del 29 de septiembre, previsto para votar la aprobación de la clasificación.
Precisamente antes de ese paso resulta necesario despejar las dudas. Apostar por esta oferta exige explicar cómo se vigilará el cumplimiento de las inversiones, qué garantías protegen la calidad del servicio y cómo se comprobará que los compromisos económicos se cumplen durante la concesión.
La eventual batalla judicial sigue siendo una posibilidad. La exigencia de rendir cuentas, en cambio, ya está sobre la mesa.
Si el AMB considera viable una rebaja del 60 %, debe explicar con claridad por qué. Los ciudadanos necesitan garantías de que las obras prometidas se ejecutarán y el servicio estará protegido durante los próximos veinticinco años.
