La campaña electoral brasileña ha entrado también en el terreno invisible de los algoritmos. La decisión de X de modificar su sistema de recomendaciones para ajustarse a las normas electorales de Brasil provocó una acusación de «censura» por parte de Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado estadounidense para Diplomacia Pública y miembro del Gobierno de Donald Trump. Sin embargo, el mecanismo cuestionado no elimina discursos políticos ni suspende candidatos: establece límites sobre la manera en que una plataforma puede amplificar automáticamente sus publicaciones.
La modificación afecta al apartado «Para Ti» de X mediante un sistema denominado Brazil2026ElectionFilter. El filtro impide que las publicaciones de las cuentas oficiales de candidatos registradas ante la Justicia Electoral sean introducidas automáticamente en las recomendaciones de usuarios que no siguen esos perfiles. Los mensajes permanecen publicados, las cuentas continúan activas y cualquier persona puede acceder a ellas directamente. La diferencia está en que el algoritmo deja de llevar esos contenidos hasta usuarios que no los habían elegido.
X explicó que la modificación responde al estricto cumplimiento de la Resolución TSE nº 23.610/2019, cuyo artículo 28 establece reglas específicas para los sistemas de recomendación utilizados durante el proceso electoral. La norma determina que las plataformas deben excluir de esos mecanismos los perfiles oficiales comunicados a la Justicia Electoral y, salvo las excepciones legales relacionadas con el impulsionamiento pagado, las publicaciones realizadas desde esas cuentas.
La medida adquiere especial relevancia porque los algoritmos no se limitan a alojar información: seleccionan qué información recibe visibilidad. Una publicación puede permanecer intacta y, al mismo tiempo, alcanzar a millones de personas gracias a una recomendación automática. Regular ese proceso no equivale necesariamente a regular el contenido del discurso, sino a establecer límites al poder privado de una plataforma para determinar su difusión.
Además, Brasil ha establecido nuevas obligaciones de transparencia para las grandes plataformas durante las elecciones de 2026. Las empresas con más de cinco millones de usuarios deben presentar al Tribunal Superior Electoral planes de conformidad relacionados con desinformación, inteligencia artificial, ataques coordinados, moderación y funcionamiento de sus sistemas algorítmicos. El TSE puede auditar la información proporcionada, respetando los datos protegidos por secreto comercial o industrial.
La crítica de Rogers se produce en un momento especialmente tenso entre Washington y Brasilia. Las diferencias entre los Gobiernos de Trump y Lula abarcan las relaciones comerciales, la regulación tecnológica y las decisiones de las instituciones brasileñas sobre las redes sociales. La acusación estadounidense, por tanto, se incorpora a una disputa diplomática mucho más amplia.
Pero existe una distinción que resulta difícil ignorar: regular la capacidad de amplificación de una plataforma no es lo mismo que prohibir una opinión. En este caso, Brasil no está diciendo qué puede publicar un candidato. Está estableciendo cómo puede utilizarse una infraestructura algorítmica privada durante una elección.
En una democracia sometida a la velocidad de las redes, la libertad de expresión también depende de impedir que el poder de unas pocas empresas tecnológicas determine silenciosamente qué voces aparecen ante los ciudadanos. El desafío brasileño no es apagar el debate, sino impedir que el algoritmo se convierta en el director de campaña que nadie eligió.
