Los socialistas elevan la presión sobre el Gobierno de López Miras tras las nuevas revelaciones sobre el presunto uso de material sanitario caducado y las irregularidades investigadas en el Servicio Murciano de Salud
La investigación sobre la conocida como trama de las prótesis en la Región de Murcia ha vuelto a situarse en el centro del debate político. El PSOE ha exigido explicaciones públicas al consejero de Salud, Jorge García Montoro, y ha reclamado que el Gobierno autonómico asuma responsabilidades ante un caso que ya investiga la Justicia y que podría afectar a cientos de intervenciones médicas realizadas durante los últimos años.
La polémica ha cobrado una nueva dimensión después de que diversos informes internos y actuaciones judiciales hayan puesto el foco sobre posibles irregularidades en la adquisición y utilización de prótesis cardiovasculares dentro del Servicio Murciano de Salud (SMS), incluyendo la sospecha de utilización de dispositivos caducados y material no homologado.
El PSOE acusa al Gobierno regional de intentar ocultar el caso
Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia consideran que el Ejecutivo de Fernando López Miras ha tratado de minimizar la gravedad de los hechos.
Los socialistas sostienen que la ciudadanía merece conocer toda la verdad sobre una investigación que afecta directamente a la seguridad de los pacientes y al funcionamiento del sistema sanitario público murciano.
La viceportavoz socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha denunciado en los últimos días que existen obstáculos para acceder a documentación relacionada con la investigación y ha acusado al Partido Popular de intentar frenar el esclarecimiento de los hechos en sede parlamentaria.
Según el PSOE, el caso trasciende el ámbito puramente judicial y plantea interrogantes políticos sobre los mecanismos de control y supervisión existentes dentro del Servicio Murciano de Salud durante los años en los que se produjeron las presuntas irregularidades.
Las sospechas sobre prótesis caducadas
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación tiene que ver con la posible utilización de prótesis y stents caducados en intervenciones quirúrgicas.
Un informe del Servicio de Inspección Sanitaria reveló este año la existencia de al menos dos casos en los que se detectaron dispositivos fuera de fecha y un tercero con importantes contradicciones documentales que continúan siendo objeto de análisis.
La aparición de estos datos ha incrementado la preocupación de pacientes y profesionales sanitarios, especialmente por las consecuencias que podrían derivarse de una eventual falta de trazabilidad en algunos materiales implantados.
La propia directora de Gestión del Hospital Virgen de la Arrixaca ya había advertido en informes internos sobre problemas que podían afectar a la seguridad de los pacientes y a la correcta identificación de determinados dispositivos médicos utilizados en procedimientos quirúrgicos.
Una investigación judicial cada vez más amplia
La dimensión del caso ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia a admitir la personación del PSOE como acusación popular dentro del procedimiento judicial abierto.
La causa investiga presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación, delitos contra la salud pública y posible organización criminal, en una investigación que afecta a diversos responsables sanitarios, funcionarios y personas vinculadas al suministro de material médico.
Además, la Policía y los investigadores tratan de determinar el alcance económico de las presuntas irregularidades, que algunas estimaciones sitúan en varios millones de euros.
López Miras, en el centro de las críticas
La oposición considera que el presidente murciano no puede mantenerse al margen de una controversia que afecta a uno de los principales servicios públicos de la comunidad.
El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha llegado a reclamar responsabilidades políticas directas al Ejecutivo autonómico y ha acusado a López Miras de no haber ofrecido explicaciones suficientes sobre un asunto que considera de extrema gravedad.
Los socialistas sostienen que la prioridad debe ser esclarecer si hubo pacientes afectados y garantizar que hechos similares no vuelvan a producirse.
La defensa del Gobierno regional
Por su parte, la Consejería de Salud mantiene que actuó desde el primer momento en cuanto tuvo conocimiento de posibles irregularidades.
La consejera Isabel Ayala ha defendido públicamente que su departamento impulsó auditorías internas, trasladó la información a la Fiscalía y está colaborando con la Justicia para esclarecer los hechos.
El Partido Popular también rechaza las acusaciones de encubrimiento y sostiene que la oposición está utilizando políticamente una investigación que todavía se encuentra en fase judicial.
Un caso que amenaza con marcar la legislatura
Mientras continúan las diligencias judiciales, la trama de las prótesis se ha convertido en uno de los principales frentes políticos del Gobierno regional.
La combinación de posibles irregularidades administrativas, sospechas sobre material sanitario caducado y la investigación de un presunto fraude millonario ha elevado la presión sobre el Ejecutivo murciano y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente de la comunidad autónoma.
