España aprendió, después de una guerra y casi cuarenta años de dictadura, que la democracia no consiste en pensar igual, sino en reconocer el derecho del otro a pensar distinto. Conviene recordarlo ahora que el insulto, la humillación y la violencia verbal empiezan a parecernos normales.
Hay cosas que deberían preocuparnos precisamente cuando dejan de sorprendernos.
Un insulto desde la tribuna del Congreso. Un diputado haciendo un gesto amenazante. Un dirigente que llama traidor a quien discrepa. Un adversario convertido en enemigo de España. Un periodista señalado. Un manifestante reducido a «gentuza». Una amenaza en las redes que recibe miles de aplausos.
Lo vemos, lo escuchamos y seguimos adelante.
Quizá ese sea el verdadero problema. Nos estamos acostumbrando.
España debería tener una sensibilidad especial ante estas cosas porque conocemos nuestra historia. Sabemos qué ocurre cuando la política deja de consistir en discutir ideas y comienza a decidir quién merece pertenecer y quién debe ser expulsado moralmente de la comunidad.
No estamos en 1936. Conviene decirlo con toda claridad. Comparar la España actual con la que precedió a la Guerra Civil sería una frivolidad histórica.
Pero también sería una irresponsabilidad pensar que aquella historia no tiene nada que enseñarnos.
La Segunda República fue una democracia. Imperfecta, convulsa y sometida a enormes tensiones sociales y políticas. Hubo violencia, insurrecciones, atentados y graves comportamientos antidemocráticos procedentes de diferentes sectores. Pero era el régimen constitucional legítimo de España.
Y en julio de 1936 una parte del Ejército se levantó contra ese orden democrático.
Después llegaron la Guerra Civil, los muertos, la represión, el exilio y una dictadura que se prolongó durante casi cuarenta años.
La lección no debería ser que la historia vaya a repetirse. La lección es mucho más sencilla: ninguna democracia debería jugar alegremente con la deshumanización del contrario.
Durante los últimos años estamos recuperando un vocabulario que creíamos haber aprendido a manejar con enorme cuidado.
Traidores. Enemigos. Fascistas. Rojos. Golpistas. Vendepatrias.
Las palabras tienen significado y la historia importa. No todos esos términos son equivalentes ni podemos vaciarlos de contenido. Pero cuando dejan de utilizarse para describir una realidad y se convierten simplemente en una forma de negar al otro, dejamos de discutir con ciudadanos para empezar a fabricar enemigos.
Y fabricar enemigos siempre es más fácil que convencer.
Las redes sociales han contribuido enormemente. El algoritmo no premia al más sensato. Premia al que provoca una reacción. El insulto viaja más rápido que el argumento; la humillación genera más clics que la reflexión.
Y la política lo ha aprendido.
Hay dirigentes que parecen competir por pronunciar la frase más brutal porque saben que tendrá un vídeo, miles de reproducciones y una legión de seguidores celebrándola.
Pero sería demasiado cómodo señalar únicamente a los políticos.
Nosotros también participamos.
Nos indignamos cuando insultan a los nuestros y sonreímos cuando alguien destroza verbalmente a los otros. Exigimos respeto para nuestras ideas mientras celebramos la humillación de quien piensa diferente.
Y así, casi sin darnos cuenta, vamos rebajando un poco más el límite de lo aceptable.
Lo que tuvimos que aprender
Después de la dictadura, España tuvo que reconstruir algo mucho más difícil que unas instituciones.
Tuvo que reconstruir una cultura democrática.
Personas que habían estado enfrentadas, perseguidas, encarceladas o exiliadas tuvieron que aceptar algo extraordinariamente sencillo y extraordinariamente difícil: que nadie podía construir una democracia expulsando de ella a media España.
Comunistas, socialistas, conservadores, liberales, democristianos y nacionalistas no dejaron de discrepar. No se hicieron amigos. No olvidaron su historia.
Aprendieron algo mucho más importante: el contrario tenía derecho a existir políticamente.
Ese principio parece elemental hasta que empieza a olvidarse.
La democracia no consiste en que ganen los nuestros. Eso es lo fácil.
La democracia consiste en aceptar que pueden ganar los otros.
Consiste en reconocer la legitimidad de un Gobierno que detestamos mientras utilizamos todos los instrumentos democráticos para combatir sus políticas. Consiste en manifestarse, protestar, exigir dimisiones, hacer huelga, escribir artículos durísimos y votar para echar del poder a quien consideramos que gobierna mal.
Pero también consiste en saber dónde está el límite.
El adversario no deja de ser ciudadano porque vote diferente.
España no pertenece más a quien lleva una bandera en la muñeca que a quien nunca la lleva. Tampoco es moralmente superior alguien por votar a la izquierda. La democracia pertenece a todos o termina no perteneciendo a nadie.
Por eso la responsabilidad tampoco puede exigirse solamente al otro lado.
Quienes nos consideramos progresistas cometeríamos un grave error si denunciáramos la violencia verbal únicamente cuando procede de la derecha o de la extrema derecha. Si justificamos en los nuestros aquello que condenamos en los otros, nuestros principios duran exactamente lo que tarda alguien de nuestro bando en vulnerarlos.
No es solo una cuestión de educación
Alguien puede pensar que estamos hablando simplemente de buenos modales.
No.
Una democracia puede sobrevivir perfectamente a una discusión bronca. Puede soportar manifestaciones multitudinarias, huelgas, discursos apasionados y enfrentamientos políticos muy duros.
Lo que empieza a dañarla es otra cosa: dejar de reconocer legitimidad al que piensa distinto.
Porque antes de cualquier violencia física suele existir un proceso mucho más silencioso: convencer a una parte de la sociedad de que la otra no merece respeto.
Y ahí es donde deberíamos encender las alarmas.
Especialmente por quienes vienen detrás.
Hay generaciones enteras que, afortunadamente, solo conocen la democracia. Para ellas votar, manifestarse, criticar al Gobierno o publicar cualquier opinión son cosas normales.
Y precisamente porque son normales pueden parecer eternas.
No lo son.
Los derechos no vienen incorporados de fábrica a las sociedades. Se conquistan, se protegen y también pueden deteriorarse.
Nuestros abuelos conocieron una España en la que la política acabó convertida en una cuestión de vida o muerte. Las generaciones posteriores tuvieron que reconstruir una convivencia que parecía imposible.
Nosotros hemos recibido una democracia imperfecta, discutible, mejorable y, por supuesto, criticable.
Pero democracia.
Nuestra obligación no es pensar todos igual. Ni siquiera llevarnos bien.
Es algo mucho más modesto y mucho más importante: no volver a necesitar enemigos para defender nuestras ideas.
No estamos en 1936.
Y precisamente porque sabemos lo que ocurrió en 1936, deberíamos hacer todo lo posible para no parecernos nunca a aquella España.
Porque la democracia comienza justo ahí: cuando frente a nosotros hay alguien que piensa exactamente lo contrario y, aun así, seguimos viendo a un ciudadano y no a un enemigo.
