Perú se encamina hacia una segunda vuelta presidencial marcada por la tensión política, el ascenso de discursos conservadores y la profundización de la crisis institucional que atraviesa el país desde hace años. El domingo (17), la Justicia Electoral peruana confirmó que la disputa decisiva por la presidencia será entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
Hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko lideró la votación de la primera vuelta al obtener el 17,1 % de los votos válidos. Por su parte, Sánchez, representante del partido Juntos por el Perú, aseguró su presencia en la etapa final de las elecciones con el 12 % de las preferencias electorales, según los datos oficiales divulgados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El anuncio se produjo tras semanas de demora en la conclusión del escrutinio. La primera vuelta se había celebrado el 12 de abril, pero problemas operativos y recursos presentados por sectores conservadores prolongaron la validación de los resultados. Grupos vinculados a la extrema derecha denunciaron un supuesto fraude electoral, aunque observadores internacionales afirmaron que no existían evidencias capaces de comprometer la legitimidad del proceso.
Durante la campaña, Keiko Fujimori reforzó una agenda alineada con la derecha internacional y acercó su discurso a las posiciones defendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre sus propuestas figuran medidas más estrictas contra la inmigración irregular, el endurecimiento de la seguridad pública y un combate más agresivo contra el crimen organizado, temas que cobraron fuerza ante el aumento de la inseguridad en el país.
La candidatura de la conservadora también volvió a poner en el centro del debate el legado político de su padre, quien gobernó Perú durante la década de 1990. Mientras sus simpatizantes asocian ese período con la estabilización económica y la derrota de grupos armados, sus detractores recuerdan el carácter autoritario del régimen y las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso y amplió el control del Ejecutivo sobre otras instituciones del Estado en un episodio conocido como “autogolpe”. Años más tarde, el exmandatario fue condenado por la justicia peruana por crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose en uno de los pocos exjefes de Estado latinoamericanos juzgados y condenados en su propio país.
En el otro extremo de la disputa se encuentra Roberto Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo y figura respaldada por movimientos progresistas, organizaciones campesinas y sectores indígenas. El candidato defiende reformas estructurales en el modelo político y económico peruano, incluyendo una mayor intervención estatal en la economía y cambios en la Constitución.
Sánchez sostiene que el actual sistema político profundizó desigualdades históricas y dejó al margen a una parte significativa de la población rural e indígena. Por ello, propone la construcción de un Estado “plurinacional”, con un mayor reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país andino.
“Necesitamos construir un nuevo pacto social que represente la verdadera composición del Perú”, afirmó el candidato en declaraciones a Reuters antes de la celebración de la primera vuelta.
Las encuestas más recientes muestran un escenario de empate técnico entre ambos postulantes, anticipando una contienda reñida. El resultado de la segunda vuelta se definirá en medio de la persistente inestabilidad política del Perú, marcada en los últimos años por la sucesión de presidentes, los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del país.
